Desde el inicio de la temporada de lluvias en noviembre del año pasado, el país ha enfrentado una serie de emergencias provocadas por fenómenos naturales que han dejado un saldo trágico y una amplia afectación a la población. Según el último informe oficial del Viceministerio de Defensa Civil, al menos 34 personas han perdido la vida a causa de riadas, deslizamientos e inundaciones. Estas cifras reflejan la gravedad de las condiciones climáticas que afectan a múltiples regiones, generando además la desaparición de 13 personas y afectando a unas 132.000 familias en diversas localidades.
El impacto sobre la infraestructura también es considerable. Se reportan aproximadamente 2.500 viviendas destruidas y un total de 53 municipios que han sido declarados en estado de desastre debido a las lluvias intensas y sus consecuencias. Estas cifras evidencian no solo la magnitud del daño material sino también el desafío que representa para las autoridades locales y nacionales el restablecimiento de servicios básicos y la atención humanitaria necesaria para las comunidades afectadas.
En respuesta a esta situación crítica, el viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, ha señalado que el Gobierno se encuentra movilizando recursos para atender las emergencias. Se ha destinado una inversión superior a los 20 millones de bolivianos para la entrega de alimentos en cerca de un centenar de municipios afectados. Además, se despliegan maquinarias pesadas con el propósito de rehabilitar caminos y facilitar el acceso a zonas aisladas por los daños ocasionados por las lluvias.
Troche ha destacado que el país está enfrentando un fenómeno climático complejo, derivado del simultáneo impacto del fenómeno de El Niño y La Niña, lo cual intensifica las condiciones adversas y aumenta la probabilidad de desastres naturales severos. Esta combinación genera un escenario complicado que exige una gestión preventiva eficaz para mitigar riesgos futuros. En este contexto, se ha anunciado la creación de un centro operativo en Santa Cruz que reforzará las labores coordinadas para atender emergencias y mejorar la capacidad de respuesta ante eventos climatológicos extremos.
En particular, en el departamento de Tarija se han registrado importantes problemas debido a derrumbes masivos en tramos clave de la carretera que conecta esta región con Villa Montes y Santa Cruz. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), junto con organizaciones sindicales del transporte y otras entidades locales, decidieron cerrar temporalmente esta vía para evitar accidentes mayores ante los riesgos evidentes provocados por lodo y rocas caídas sobre la ruta. Los tramos más afectados son Tarija – Entre Ríos y Entre Ríos – Palos Blancos, donde se han producido los derrumbes más significativos.
Esta medida ha paralizado completamente el tránsito vehicular desde la terminal hacia Villa Montes y Santa Cruz, afectando tanto al transporte público como a otros desplazamientos. Para revertir esta situación, personal especializado y maquinaria pesada han sido movilizados por la ABC con el objetivo urgente de limpiar los escombros y restablecer cuanto antes la circulación normal.
Las intensas precipitaciones también generaron deslizamientos que provocaron tres víctimas fatales en Tarija. Dos personas permanecen desaparecidas luego de ser arrastradas junto a una camioneta por una mazamorra durante la noche del martes; mientras que un tercer fallecido corresponde a un motociclista que intentó cruzar imprudentemente una quebrada cerca de Narvaez. Equipos especializados continúan con las labores de búsqueda para localizar los cuerpos desaparecidos.
Otros departamentos también sufren los efectos devastadores del clima adverso. En Chuquisaca se realizan trabajos continuos para remover derrumbes que han afectado vías esenciales como el tramo El Salto – Monteagudo; mientras en municipios como Huacareta, Muyupampa y Macharetí se reportan comunidades incomunicadas debido al cierre temporal de caminos por deslizamientos. Los habitantes locales demandan maquinaria pesada para rehabilitar estas rutas fundamentales, ya que además enfrentan pérdidas considerables en cultivos y ganado, lo cual afecta su sustento económico.
En Potosí, desde septiembre del año pasado hasta ahora, más de 29.000 familias han sido impactadas por desastres naturales según datos oficiales proporcionados por autoridades regionales. Este panorama pone en evidencia cómo distintas regiones del país están atravesando momentos críticos debido a eventos climáticos extremos reiterados durante esta temporada.
En suma, este escenario pone sobre la mesa la urgencia no solo de continuar con acciones inmediatas para atender emergencias sino también fortalecer estrategias preventivas integrales orientadas a gestionar riesgos climáticos ante fenómenos cada vez más impredecibles e intensos. La coordinación entre autoridades nacionales, regionales y locales resulta fundamental para mitigar impactos futuros sobre vidas humanas e infraestructura vital para el desarrollo social y económico del país
