Rubén Ríos, líder de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), declaró su inocencia antes de presentarse ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para rendir su testimonio en el marco de una investigación relacionada con el uso de harina subvencionada proporcionada por la Empresa de Apoyo a la Producción Alimentaria (Emapa). Ríos solicitó que su familia no sea involucrada en el proceso y afirmó que, en caso de querer responsabilizarlo, lo hagan únicamente a él.

Durante su declaración, el dirigente señaló que existen al menos 51 panificadores con el apellido Ríos y acusó al Gobierno de actuar como un “clan político” en el contexto de las pesquisas que se llevan a cabo sobre la subvención recibida por parte de Emapa.

En paralelo, la Fiscalía, junto a efectivos policiales, realizó un allanamiento en un galpón ubicado en El Alto, que estaría vinculado a Ríos. En el lugar se encontró una caja fuerte, un vehículo, un horno industrial y oficinas vacías, según informó el fiscal Ronald Jurado. El inmueble, que aparentemente era alquilado por el dirigente a Emapa, habría sido utilizado para almacenar productos de la empresa estatal. El contrato de arrendamiento entre ambas partes implicaba un pago mensual aproximado de 19 mil bolivianos por parte de Emapa.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, confirmó que las investigaciones apuntan a presuntos delitos como enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, tráfico de influencias y contratos lesivos, todos relacionados con el manejo irregular de la harina subvencionada destinada al sector panificador. Las pesquisas preliminares estiman un daño económico superior a los 5 millones de bolivianos y sugieren la existencia de una red de corrupción que incluiría a miembros de la familia del dirigente