La estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha dado un paso formal en la gestión de los daños ocasionados a vehículos por el uso de gasolina desestabilizada, al presentar el Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC). Este nuevo mecanismo digital busca ordenar, transparentar y profesionalizar el proceso de atención y compensación a los afectados, estableciendo criterios técnicos claros para evaluar cada reporte. Sin embargo, pese a la intención de formalizar la respuesta institucional, la propuesta no ha logrado consenso, particularmente con el sector del transporte, que cuestiona la modalidad de pago establecida y exige una compensación económica directa.
El SREC se plantea como una plataforma integral que permitirá registrar los casos reportados, validar la información mediante bases oficiales y evaluar el nivel de daño sufrido por cada vehículo. Para ello, YPFB ha previsto un proceso riguroso que incluye la verificación cruzada con registros nacionales como B-SISA, RUAT, SEGIP y SOAT. Esto tiene como fin asegurar que solo los vehículos efectivamente afectados por el combustible desestabilizado sean considerados para la compensación, evitando reclamos fraudulentos o fuera del universo real de perjudicados. La clasificación técnica del daño en leves, medios o graves será realizada por peritos especializados, lo que añade un criterio objetivo al proceso.
El sistema fue presentado formalmente en una reunión encabezada por altos funcionarios gubernamentales y representantes del sector hidrocarburífero y del transporte. Entre ellos estuvieron el ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli; el presidente de YPFB, Yussef Akly; y el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Freddy Zenteno. En este encuentro se explicó que los daños leves podrían ser resueltos con rapidez mediante una declaración jurada firmada digitalmente y un pago directo al afectado. En cambio, los daños más severos requerirán una evaluación adicional antes de definir la compensación.
Para facilitar el acceso a esta plataforma en un país donde muchas zonas rurales tienen limitaciones tecnológicas o de conectividad, YPFB decidió operar principalmente a través de WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada a nivel nacional. Este enfoque busca simplificar las gestiones sin necesidad de descargar nuevas aplicaciones ni contar con equipos sofisticados. Próximamente se difundirá un número oficial para iniciar los trámites. Además, se habilitará una línea telefónica con un Centro de Atención al Usuario para brindar apoyo durante todo el proceso.
El SREC está diseñado para garantizar transparencia y seguimiento en tiempo real mediante expediente digitalizado, firma electrónica y trazabilidad completa. Una vez que el caso sea evaluado y validado también por las aseguradoras involucradas, el pago correspondiente será depositado directamente en la cuenta bancaria designada por cada usuario. En situaciones especiales o complejas se prevé un análisis personalizado para resolverlas adecuadamente. Entre los requisitos para presentar un reclamo figuran documentos oficiales como RUAT (Registro Único para Administración Tributaria), cédula de identidad, número telefónico registrado, SOAT vigente así como comprobantes detallados sobre los daños sufridos —facturas, recibos e informes técnicos— además de una declaración jurada y finiquito digital.
No obstante este esfuerzo institucional por establecer un sistema ordenado y transparente para abordar las contingencias derivadas del uso del combustible contaminado o desestabilizado, desde el sector del transporte público las críticas no tardaron en surgir. El dirigente del Transporte Libre en Tarija, Luis Casso, manifestó su desacuerdo con que la compensación sea canalizada vía aseguradoras o terceros intermediarios. El sector demanda que la devolución económica sea directa en efectivo y acompañada únicamente con facturas que acrediten los gastos efectuados en reparaciones.
Casso indicó que más de treinta vehículos vinculados al transporte público ya han reportado desperfectos mecánicos graves asociados al consumo de gasolina desestabilizada y destacó que esta problemática trasciende incluso al eje central del país hacia otras regiones donde operan estas unidades móviles. Los daños reportados incluyen fallas severas como válvulas dañadas o asientos deformados; motores cuyos indicadores muestran pérdida significativa en compresión; bielas torcidas e incluso bloques motores dañados irreparablemente.
El dirigente detalló además que las reparaciones acarreadas por estos daños representan costos elevados para los propietarios y conductores afectados: oscilarían entre 8 mil a 10 mil bolivianos por vehículo según la gravedad del daño detectado. Por ejemplo, solo desmontar la culata puede implicar gastos cercanos a dos mil bolivianos; mientras que reemplazar inyectores individuales tendría un costo aproximado de trescientos bolivianos cada uno. Esta carga económica resulta onerosa para quienes dependen diariamente del transporte público como fuente principal laboral.
Este desacuerdo entre YPFB y el sector transporte refleja las tensiones existentes entre las medidas administrativas implementadas desde las instituciones estatales frente a las demandas concretas y urgentes expresadas por usuarios afectados directamente por incidentes derivados del suministro irregular o contaminado de combustibles fósiles. Mientras YPFB apuesta por una solución basada en control técnico riguroso mediante plataformas digitales para evitar abusos y fraudes potenciales en indemnizaciones masivas sin sustento documental completo; el sector transporte enfatiza la necesidad inmediata de recibir apoyo económico tangible ante pérdidas materiales significativas que impactan su actividad diaria.
En conclusión, aunque YPFB ha establecido un marco formalizado mediante el SREC para atender contingencias asociadas al uso problemático del combustible estatal e incorporar mecanismos digitales modernos para agilizar procesos administrativos; persisten desafíos importantes relacionados con modalidades concretas de pago e indemnización que deben ser abordados desde una perspectiva inclusiva que considere tanto criterios técnicos institucionales como demandas legítimas del sector productivo afectado. La resolución adecuada requerirá diálogo continuo entre autoridades estatales e interesados directos para conciliar eficiencia administrativa con justicia social frente a este problema que afecta directamente a miles de usuarios vehiculares en diversas regiones del país
