El vicepresidente de Operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, ha abordado recientemente la problemática relacionada con la calidad de la gasolina distribuida en el país, específicamente señalando la presencia de combustible ‘desestabilizado’. Esta situación ha generado preocupación tanto en las autoridades como en los consumidores, quienes han experimentado las consecuencias del uso de un producto que no cumple con los estándares establecidos.
Daroca explicó que, hasta el momento, no se cuenta con un dato preciso sobre la cantidad total de gasolina afectada que ingresó al territorio nacional. La dificultad radica en que los controles implementados permitieron únicamente identificar el período durante el cual se detectó esta irregularidad en la calidad del combustible. Este lapso comprende desde diciembre hasta los primeros días de febrero, lo que delimita temporalmente el alcance del problema y permite a las autoridades enfocar sus esfuerzos en este intervalo para determinar responsabilidades y reparar daños.
La identificación del problema llevó a YPFB a intensificar los controles sobre la calidad del combustible distribuido. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para cuantificar con exactitud el volumen afectado, sino más bien para establecer un marco temporal en el que se presentó esta desviación respecto a las especificaciones técnicas requeridas. Esta precisión es crucial para poder activar mecanismos de compensación dirigidos a los usuarios afectados, principalmente a los propietarios de vehículos que sufrieron daños o pérdidas derivadas del uso de esta gasolina ‘desestabilizada’.
Este contexto también adquiere relevancia para definir aspectos relacionados con seguros y resarcimientos económicos. Al delimitar claramente el período problemático, las autoridades pueden coordinar con aseguradoras y otros actores involucrados la implementación de soluciones que mitiguen el impacto negativo sobre los consumidores. Este paso es fundamental para restaurar la confianza en el mercado de combustibles y garantizar que situaciones similares sean prevenidas o detectadas oportunamente en el futuro.
En paralelo a estas acciones técnicas y administrativas, la situación ha generado repercusiones políticas y sociales dentro del país. Por ejemplo, se han reportado investigaciones internas vinculadas a funcionarios de YPFB, lo cual refleja una preocupación institucional por esclarecer eventuales responsabilidades internas relacionadas con este caso. La transparencia y diligencia en estos procesos son vitales para asegurar una gestión adecuada y evitar daños mayores al sector energético nacional.
En suma, la problemática de la gasolina ‘desestabilizada’ representa un desafío significativo para YPFB y las autoridades bolivianas, no solo desde el punto de vista técnico sino también en términos de gestión pública y atención al consumidor. La identificación precisa del período afectado marca un avance importante hacia la solución del conflicto, pero aún resta por determinarse con exactitud el volumen comprometido y consolidar mecanismos efectivos para compensar los perjuicios ocasionados. Este episodio subraya la importancia de mantener rigurosos controles sobre insumos tan estratégicos como los combustibles y fortalecer las estructuras responsables de su distribución para evitar impactos negativos sobre la población y la economía nacional
