En un contexto marcado por la atención pública y judicial sobre la gestión municipal en Santa Cruz de la Sierra, la figura del vocero municipal, Bernardo Montenegro, ha cobrado relevancia debido a su reciente viaje y las circunstancias que lo rodean. Montenegro fue visto la noche del miércoles en el aeropuerto Viru Viru y posteriormente confirmó que se trasladó a Cochabamba para atender asuntos familiares, aprovechando un período de vacaciones de dos días. Este desplazamiento coincide con una semana crucial para el alcalde Jhonny Fernández, quien enfrenta un proceso judicial por presuntas irregularidades en una obra pública.
El alcalde Fernández será presentado ante un juez cautelar en relación con el denominado caso pavimento, que investiga una obra supuestamente inconclusa. La acusación contra la máxima autoridad municipal incluye los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, cargos que han generado una importante polémica en el ámbito local. En este marco, la presencia o ausencia de colaboradores cercanos como Montenegro adquiere particular relevancia, dado que este último es uno de los hombres más próximos al alcalde.
Bernardo Montenegro explicó públicamente que sus días de descanso estaban programados con anterioridad y que el motivo principal del viaje a Cochabamba está vinculado a un problema de salud de un familiar. Además, mostró disposición para mantener contacto mediante videollamada con el fin de ofrecer su versión sobre cualquier cuestión relacionada con el caso pavimento o la situación judicial del alcalde Fernández. Esta actitud revela una intención de mantener cierta transparencia y comunicación pese a no encontrarse físicamente en Santa Cruz durante momentos cruciales para el municipio.
Previo a su viaje, Montenegro se había manifestado sobre la imputación contra Fernández, señalando que esta se basa en un “informe preliminar” emitido por la Contraloría General del Estado. Desde su perspectiva, esta situación motivó una decisión errónea por parte del Ministerio Público al ordenar la aprehensión del alcalde sin valorar adecuadamente las pruebas disponibles. Esta postura refleja una defensa activa desde el entorno municipal frente a las acusaciones y destaca las tensiones existentes entre las autoridades locales y los organismos encargados de fiscalizar y sancionar posibles irregularidades administrativas.
El caso pavimento ha generado gran expectativa entre los ciudadanos de Santa Cruz de la Sierra debido a las implicaciones directas que tiene sobre la gestión pública y el uso adecuado de los recursos municipales. La investigación apunta a esclarecer si realmente existió incumplimiento en las obligaciones contractuales relacionadas con una obra pública significativa para la infraestructura urbana. La presentación ante el juez cautelar representa un paso importante en el proceso judicial y podría tener consecuencias determinantes tanto para Jhonny Fernández como para otros funcionarios involucrados.
En suma, el viaje temporal del vocero municipal Bernardo Montenegro ocurre en un momento delicado para el gobierno local, cuando se encuentran bajo escrutinio oficial figuras clave vinculadas al alcalde Fernández. La coincidencia temporal subraya las dificultades que enfrentan las autoridades municipales para gestionar no solo sus responsabilidades administrativas sino también sus relaciones públicas durante situaciones conflictivas. La comunidad cruceña sigue atentamente los avances del caso pavimento, consciente de que los resultados podrían influir en la confianza ciudadana hacia sus gobernantes y en futuras políticas públicas orientadas al desarrollo urbano sostenible
