Un proyecto de ley que establece un fondo para el sector lácteo ha desatado una considerable controversia en el ámbito legislativo boliviano, generando un intenso debate que ahora se traslada al Senado. La iniciativa, identificada como PL-528/2024-2025, busca fortalecer la cadena productiva de la leche, pero su mecanismo de financiamiento ha sido objeto de severas críticas, especialmente desde el departamento de Tarija, donde se percibe como una carga impositiva encubierta que amenaza la viabilidad de la industria vitivinícola local.

La norma, que ya obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados en una sesión envuelta en denuncias de irregularidades, propone la creación del Fondo Productivo Lácteo Leche para Crecer. Sin embargo, su sostenimiento se basa en una Retención por Comercialización e Importación de Bebidas Alcohólicas – RCIBA. Esta retención impone un gravamen de 0,40 bolivianos por litro a los vinos y singanis, y de 1,30 bolivianos por litro a otras bebidas espirituosas.

El sector vitivinícola ha manifestado su rotundo rechazo. La Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV) y la Asociación Nacional de Productores Vitivinícolas (Anavit) han emitido un pronunciamiento conjunto, solicitando a la Cámara de Senadores que detenga el avance de esta legislación. El portavoz de Anavit, José Luis Sánchez, expresó su profunda preocupación, señalando que la financiación del consumo lácteo a expensas de la producción vitivinícola resultaba inaceptable. Cuestionó la inacción previa para fomentar el consumo de leche y la facilidad con la que se propone este nuevo tributo.

Sánchez fue más allá, desafiando a las autoridades a considerar otras fuentes de financiamiento, como un gravamen a los productores de coca, cuyo precio ha experimentado un incremento significativo. Además, alertó que el impacto más severo de la medida no recaería en las grandes industrias, que podrían trasladar el costo al consumidor, sino en los viticultores, los pequeños productores de uva, quienes se verían obligados a absorber los costos al no poder aumentar el precio de su materia prima.

La reacción empresarial no se hizo esperar. La Federación Departamental de Empresarios Privados de Tarija (FEPT) se declaró en estado de emergencia en oposición a la normativa. Franz Molina, presidente de la FEPT, calificó la legislación de impuesto disfrazado que castiga el motor productivo del sur del país, advirtiendo sobre un impacto devastador. Cuestionó la oportunidad de la medida, considerándola incomprensible a pocos meses de un cambio de gobierno, y lamentó que se pretenda castigar a un sector que genera empleo digno, impulsa el turismo y representa un orgullo nacional, beneficiando a más de 17.000 familias.

Molina enfatizó que la ley contradice toda lógica de desarrollo, al intentar fortalecer un sector destruyendo otro. Recordó que la Ley 774 de Promoción y Apoyo al sector Vitivinícola buscaba precisamente consolidar esta industria de origen nacional. Aclaró que el sector empresarial no se opone al apoyo del rubro lechero, sino que lo respalda, pero insiste en que no debe hacerse a costa del sacrificio de quienes ya producen con esfuerzo en un contexto de crisis y contrabando.

La polémica también ha resonado en el hemiciclo del Senado. La senadora Nely Gallo, de Comunidad Ciudadana (CC), confirmó las irregularidades en el procedimiento de aprobación en la Cámara Baja. Se comprometió a promover una socialización más amplia con todos los actores involucrados desde el Senado. Gallo también manifestó su desconfianza hacia este tipo de fondos especiales, recordando que iniciativas similares en el pasado generaron retenciones a otros sectores, pero el destino final de esos recursos ha sido históricamente opaco, con un beneficio mínimo para los sectores a los que supuestamente estaban destinados, como el lechero.

Tanto José Luis Sánchez de Anavit como la senadora Nely Gallo han coincidido en la necesidad de posponer la discusión de normativas de esta envergadura. Sugieren que este tipo de proyectos, que intentan ser aprobados de manera precipitada, deberían ser dejados para las nuevas autoridades que asumirán a partir del 8 de noviembre, para que realicen un análisis técnico consensuado y transparente con todos los actores involucrados. Respecto a la propuesta de gravar la producción de coca, Gallo reconoció el volumen de recursos que mueve este sector, aunque evitó profundizar en la conveniencia de aplicar un gravamen específico