El presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, ha convocado una sesión ordinaria para el próximo viernes a las 09:00, en la que se tiene previsto llevar a cabo la interpelación al ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli. Esta convocatoria, difundida inicialmente a través de las redes sociales de la Vicepresidencia, apunta a abordar un presunto sobreprecio en la adquisición de crudo por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), un tema que ha generado preocupación y cuestionamientos dentro del ámbito político y social. No obstante, la publicación fue retirada posteriormente, lo que evidencia el clima de tensión y controversia que rodea esta iniciativa.
En declaraciones realizadas durante la mañana, Edmand Lara amplió los motivos de la interpelación al señalar que también pretende exigir explicaciones por la calidad del combustible suministrado, un punto que no aparece reflejado en el documento oficial de convocatoria pero que ha sido motivo de críticas especialmente por parte del sector del transporte. Este sector ha denunciado daños en los motores de sus vehículos atribuidos a problemas con el combustible adquirido, lo que implica un impacto directo en su actividad y en la economía de quienes dependen del transporte público. Lara enfatizó sobre estas preocupaciones al cuestionar el precio pagado por el combustible y las verificaciones realizadas antes de su compra, así como las medidas que se implementarán para reparar los daños ocasionados a los usuarios afectados.
Esta situación se desarrolla en un contexto marcado por un fallo constitucional vigente emitido en agosto de 2023 por la Sala Constitucional de La Paz, que suspendió las interpelaciones a ministros en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dicha suspensión tiene carácter vinculante y obligatorio para todas las autoridades. En este sentido, antes incluso de la convocatoria oficial para la sesión del viernes, Diego Ávila, presidente de la Cámara de Senadores, remitió una carta al vicepresidente Lara advirtiendo sobre los riesgos legales asociados a continuar con este tipo de actos. Ávila subrayó que proceder con la interpelación podría implicar incurrir en acciones tipificadas contra la ley tanto para los asambleístas como para la propia autoridad encargada de convocar.
La tensión entre ambas autoridades refleja una disputa institucional en torno al respeto y aplicación del fallo constitucional emitido el año pasado. Desde entonces, no se han realizado interpelaciones a ministros en el pleno legislativo debido a esta suspensión judicial. Sin embargo, Edmand Lara sostiene que su convocatoria responde a solicitudes expresas formuladas por un grupo parlamentario preocupado por las denuncias relacionadas con YPFB y las consecuencias directas para sectores como el transporte público. La situación pone en evidencia un conflicto entre diferentes poderes dentro del Estado sobre la interpretación y cumplimiento normativo.
Para la población afectada, especialmente aquellos vinculados al sector transporte público, esta interpelación representa una oportunidad para obtener respuestas oficiales respecto a las irregularidades denunciadas en relación con el combustible adquirido y sus repercusiones económicas y técnicas. La calidad del combustible es fundamental para evitar daños mecánicos costosos y garantizar un servicio eficiente. Por ello, cualquier presunto sobreprecio o deficiencia puede tener un impacto considerable no solo en términos financieros sino también sobre la confianza ciudadana hacia las instituciones responsables.
En definitiva, esta convocatoria refleja una pugna política compleja entre el Legislativo y el Ejecutivo con implicaciones directas para sectores productivos sensibles dentro del país. El desarrollo próximo viernes será clave para clarificar responsabilidades respecto a YPFB y determinar si se respetan o desafían disposiciones legales vigentes relacionadas con las interpelaciones ministeriales. Además, pone sobre la mesa temas cruciales sobre transparencia pública y control político en materia energética que interesan ampliamente tanto a legisladores como a ciudadanos comunes afectados por estas decisiones estatales
