El viceministro de Transparencia, Yamil García, ha puesto en el foco la posibilidad de intervenir el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), una entidad que ha estado envuelta en serias controversias relacionadas con la corrupción y la criminalidad. Esta institución, encargada de velar por la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos, fue en su momento dirigida por Mauricio Aramayo, una figura emblemática que lamentablemente fue asesinado tras convertirse en blanco de un complot criminal. El asesinato de Aramayo ha puesto en evidencia las profundidades de las redes ilícitas que operan dentro y alrededor del Senasag.
Las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía han revelado detalles inquietantes sobre los hechos que rodearon la muerte de Aramayo. Según los datos oficiales, un individuo identificado como Mijail Reynaldo Rodríguez Huarachi habría intentado sobornar al entonces director del Senasag con una suma considerable de tres millones de bolivianos. El propósito era claro: lograr que Aramayo permitiera el paso sin control de camiones cargados con granos provenientes del contrabando. Este intento de soborno no solo refleja la magnitud del negocio ilegal que se pretendía proteger, sino también señala la posible complicidad o al menos conocimiento por parte de otros funcionarios dentro del mismo organismo. La negativa rotunda de Aramayo a aceptar tal propuesta derivó en amenazas directas contra su vida, y finalmente, en un plan criminal para silenciarlo a cambio de un pago millonario al sicario encargado del asesinato, quien habría recibido cien mil dólares por ejecutar el encargo.
Estas revelaciones han sacudido a las autoridades y han puesto en evidencia un fenómeno más amplio que trasciende al Senasag. El viceministro García ha señalado que las redes de corrupción no son exclusivas de esta entidad sino que se extienden a múltiples organismos públicos. Según sus declaraciones, se han identificado al menos sesenta instituciones públicas donde operan organizaciones criminales formadas por funcionarios públicos y particulares que se dedican a extorsionar a ciudadanos y generan enriquecimiento ilícito a costa del erario público y el bienestar social. Esta situación representa un desafío mayúsculo para el Estado y sus mecanismos de control interno.
Frente a este panorama, las autoridades han anunciado una estrategia clara: abordar cada caso con acciones concretas dirigidas “una por una” para desarticular estas estructuras corruptas y recuperar la confianza ciudadana. En este contexto, el Senasag aparece como uno de los organismos prioritarios para una posible intervención debido a su alto nivel de denuncias por irregularidades y su papel crucial en la cadena agroalimentaria nacional.
La posible intervención del Senasag implica no solo un cambio administrativo sino también una revisión profunda de sus procesos internos para garantizar que la sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria no sean comprometidas por intereses ilegales. La seguridad alimentaria es un aspecto vital para toda la población y cualquier debilitamiento institucional puede tener consecuencias directas sobre la salud pública y el desarrollo económico del sector agrícola.
En suma, el caso vinculado a Mauricio Aramayo ha destapado un entramado complejo donde corrupción, crimen organizado e instituciones públicas se entrelazan generando un impacto negativo para la sociedad. La respuesta estatal apunta hacia una gestión más transparente y firme frente a estos desafíos, con intervenciones puntuales pero contundentes para erradicar prácticas ilícitas dentro del aparato público. La atención está puesta ahora en cómo se implementarán estas medidas y qué resultados concretos podrán mostrarse en beneficio del interés general y el fortalecimiento institucional
