En las vías de Tarija, una imagen cada vez más frecuente es la de vehículos de alta gama operando como taxis. Esta particularidad es un reflejo de la coyuntura económica actual, que ha impulsado a numerosos particulares a convertir sus automóviles en unidades de transporte remunerado. La simplicidad de esta transformación, a menudo limitada a la adquisición de un distintivo visible en el parabrisas, ha generado una creciente inquietud entre las organizaciones vecinales. Estas advierten sobre un aumento desregulado del servicio de transporte individual, manifestado en tarifas inconsistentes, ausencia de supervisión y riesgos latentes para la seguridad de los pasajeros.
Celestino Barro, quien preside la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), ha manifestado su profunda preocupación, señalando que la situación actual excede la capacidad de fiscalización de la administración municipal. Barro enfatizó que la intención no es limitar el derecho al trabajo, sino establecer un marco normativo claro que garantice un servicio seguro y confiable. Subrayó la importancia de que quienes ofrezcan este servicio estén debidamente afiliados a una organización o radio móvil y cumplan con la legislación vigente, evitando que cualquier individuo pueda auto-proclamarse taxista sin los requisitos pertinentes.
En un esfuerzo por regular el sector del transporte individual y fortalecer las garantías de seguridad para conductores y usuarios, la Ley del Taxi Seguro fue promulgada en diciembre del año anterior. Esta legislación contempla la creación de un registro de vehículos autorizados, la identificación formal de los conductores, la implementación de sistemas de geolocalización y cámaras de seguridad en las unidades, así como un estricto control tarifario. Sin embargo, a más de medio año de su aprobación, la normativa carece de la reglamentación necesaria para su efectiva implementación. En este contexto, el representante vecinal instó a la Municipalidad a acelerar la priorización de dicha reglamentación.
Asimismo, el dirigente destacó la proliferación de vehículos de diversa índole operando como taxis en la ciudad, incluyendo modelos de alta gama, sin que exista una supervisión o certificación que avale su operación. Esta situación, según su análisis, perjudica tanto a los operadores formales como a los propios usuarios, quienes carecen de garantías sobre la seguridad del servicio, la identificación del conductor o la equidad de las tarifas.
La cuestión tarifaria constituye otra de las preocupaciones expresadas por Fedjuve. Ante la ausencia de un marco regulatorio y mecanismos de fiscalización, estas unidades de transporte no convencional aplican precios discrecionales, generando desconfianza y afectando la economía de los usuarios. Las asociaciones vecinales han propuesto que, además de la urgente reglamentación de la ley, se establezcan operativos de control permanentes en colaboración con las autoridades de Tránsito, con el fin de mitigar esta problemática
