La crisis relacionada con la calidad del combustible en Bolivia se ha agudizado, afectando no solo a los conductores, sino también a la producción y al funcionamiento de instituciones públicas. En particular, en localidades fronterizas como Bermejo, muchos automovilistas han comenzado a cruzar hacia Argentina para abastecerse de gasolina, buscando una alternativa que les brinde mayor confianza en la calidad del carburante. Aunque el precio del combustible argentino es superior al boliviano—aproximadamente 12 bolivianos por litro, lo que representa un incremento de tres bolivianos respecto al precio nacional—los conductores justifican este gasto adicional como una medida preventiva para evitar daños en sus vehículos.
Wilson Cardozo, exdirigente cívico de Bermejo, enfatizó que la inversión en combustible de calidad puede evitar reparaciones costosas que oscilan entre 5.000 y 10.000 bolivianos. Esta tendencia ha empezado a ser común entre transportistas y particulares, reflejando una creciente desconfianza hacia el suministro local.
A pesar de los esfuerzos comunicativos por parte de las autoridades competentes, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que han prometido una normalización en la calidad del combustible, las experiencias compartidas por conductores y mecánicos en Tarija sugieren que los problemas persisten. Muchos reportan fallas recurrentes en los motores, pérdida de potencia e incluso daños internos que requieren costosas reparaciones.
La situación se complica aún más con las dificultades burocráticas que enfrentan quienes buscan resarcimiento por los daños sufridos. Muchos usuarios han denunciado procesos excesivamente lentos y complicados para acceder a compensaciones económicas, lo que desanima a muchos afectados a formalizar sus reclamaciones.
El impacto negativo del combustible adulterado no se limita al sector del transporte; también ha comenzado a afectar diversas actividades productivas. Vladimir Acuña, representante de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) Tarija, alertó sobre las repercusiones en industrias como la carpintería. Según Acuña, el uso de gasolina de mala calidad compromete la adherencia del barniz a la madera, lo que obliga a repetir procesos y eleva costos de producción. Además, mencionó el daño potencial a maquinaria industrial y anunció su intención de llevar esta problemática ante el Gobierno nacional durante una visita presidencial programada para conmemorar el aniversario de Tarija.
El sector público también ha sufrido las consecuencias directas de esta crisis. El gobernador Oscar Montes confirmó que al menos 14 vehículos oficiales han sido dañados por el uso del combustible defectuoso. La situación es aún más complicada debido a un contexto de transición institucional; actualmente, estos vehículos permanecen inoperativos ya que no se están realizando reparaciones debido al cierre de contratos con talleres mecánicos. Montes cuestionó la versión oficial que sugiere un sabotaje como causa del problema y sugirió que podría haber fallas en la adquisición del combustible.
Ante este escenario preocupante, el Gobierno ha comenzado a reconocer la magnitud del problema y ha destinado cerca de 9 millones de bolivianos para compensar los daños ocasionados por el combustible adulterado. El presidente Rodrigo Paz afirmó en un acto público que estas medidas se están tomando porque sabemos que no se hizo bien. A través del Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), YPFB está gestionando las reclamaciones presentadas por los usuarios afectados, mientras que se espera que la empresa proveedora Vitol ajuste los estándares de calidad mediante adendas contractuales.
Así, el panorama actual plantea interrogantes sobre el futuro del suministro petrolero en Bolivia y resalta la necesidad urgente de abordar las deficiencias en el sistema para restaurar la confianza entre los consumidores y garantizar un servicio adecuado tanto para particulares como para sectores productivos.
