El gobierno uruguayo ha dado un paso significativo en la lucha contra el narcotráfico al presentar un plan de seguridad pública que busca fortalecer la estrategia nacional de seguridad. Este anuncio fue realizado el jueves por el presidente Yamandú Orsi, quien enfatizó que esta iniciativa está diseñada para abordar el creciente problema de criminalidad en el país, el cual ha sido atribuido principalmente al aumento del narcotráfico en los últimos años.
A pesar de ser considerado uno de los países más pacíficos de América Latina, Uruguay, con una población de aproximadamente 3,5 millones de habitantes, ha experimentado un incremento preocupante en sus índices de criminalidad. En este contexto, el gobierno ha decidido ampliar las competencias de las Fuerzas Armadas en la lucha contra las drogas y en la vigilancia fronteriza. El ministro del Interior, Carlos Negro, respaldó esta decisión al afirmar que se busca extender el ámbito de jurisdicción correspondiente a las Fuerzas Armadas para que puedan desempeñar un papel más activo en la lucha contra el narcotráfico.
Uno de los elementos clave del plan es la creación de un centro de comando unificado para la seguridad en las fronteras. Este centro estará destinado a facilitar el intercambio y análisis de información entre las Fuerzas Armadas y la Policía, utilizando tecnología avanzada para detectar y combatir actividades delictivas relacionadas con las drogas. Negro destacó los logros alcanzados desde la asunción de Orsi en marzo de 2025, señalando que se han incautado más de 9 toneladas de droga y bienes valorados en más de 250 millones de dólares.
Aunque Uruguay no es productor de cocaína, se ha convertido en un punto estratégico para el tránsito y acopio de drogas. Recientemente se han reportado grandes cargamentos que han pasado por Montevideo hacia puertos europeos, lo que sugiere que el país está siendo utilizado como una plataforma para operaciones internacionales del narcotráfico. Este fenómeno ha contribuido a un aumento alarmante en los homicidios relacionados con estas actividades ilícitas.
Un incidente reciente que ha elevado aún más las alarmas fue un atentado contra la fiscal general del país, conocida por su trabajo en casos relacionados con estupefacientes. Aunque no hubo heridos, este ataque puso de manifiesto la creciente violencia vinculada al narcotráfico. En respuesta a este hecho, la Policía ha llevado a cabo varias detenciones y ha señalado al uruguayo Sebastián Marset como posible autor intelectual del ataque. Marset es considerado uno de los principales capos del narcotráfico en el Cono Sur y fue capturado recientemente en Bolivia antes de ser extraditado a Estados Unidos por cargos relacionados con lavado de activos.
Además del enfoque específico sobre el narcotráfico, el gobierno también está considerando implementar penas más severas para el porte ilegal de armas en espacios públicos y mejorar las herramientas tecnológicas disponibles para combatir tanto la violencia doméstica como los ciberdelitos. Otro aspecto relevante del plan es la propuesta para construir dos cárceles de máxima seguridad; una medida anunciada por Orsi al cumplir su primer año en el cargo. Actualmente, Uruguay enfrenta uno de los mayores índices de población carcelaria en Sudamérica, con cerca de 17.000 reclusos y una tasa promedio alarmante de 10,3 homicidios por cada 100.000 habitantes durante 2025.
Con estas medidas, el gobierno uruguayo busca no solo abordar los desafíos inmediatos relacionados con la criminalidad y el narcotráfico, sino también establecer una base más sólida para garantizar la seguridad pública a largo plazo. Sin embargo, para que estas iniciativas se materialicen plenamente será necesaria la aprobación del Congreso.
