La misión de observación de la Unión Europea ha expresado su firme respaldo al proceso electoral del 17 de agosto y a los resultados derivados de dicha votación, desestimando las acusaciones de un presunto fraude. Alexander Gray, jefe adjunto de la misión que ha supervisado los comicios desde el 9 de julio, subrayó que todos los actores políticos involucrados en la primera vuelta reconocieron el veredicto de las urnas.
Gray enfatizó que la palabra fraude posee una connotación muy seria. Si bien reconoció que cualquier irregularidad identificada puede ser canalizada a través de las instancias correspondientes para presentar quejas o denuncias, la aceptación general de los resultados iniciales por parte de los participantes se mantuvo.
La delegación de la UE estuvo compuesta por más de un centenar de observadores, incluyendo un equipo de analistas especializados en áreas críticas del proceso electoral, como el marco legal, el contexto político, el análisis de datos, la tecnología electoral, y el papel de los medios de comunicación y las redes sociales.
En un desarrollo posterior, el 2 de octubre, Peter Beckhauser, excandidato a diputado, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de La Paz, alegando un supuesto fraude electoral. Su acusación se centraba en la presunta alteración de aproximadamente 3.600 actas de las elecciones del 17 de agosto. Sin embargo, la fiscal Nilda Calle desestimó esta denuncia el 6 de octubre, argumentando que no cumplía con los requisitos de admisión. Se concedió a Beckhauser un plazo de cinco días para apelar esta decisión ante una autoridad fiscal superior. La resolución fiscal también estableció que, de no presentarse la objeción en el tiempo estipulado, los antecedentes serían archivados.
La acción de Beckhauser fue interpretada en el ámbito político como un intento deliberado de sembrar dudas sobre la legitimidad del proceso electoral y de obstaculizar la realización del balotaje programado para el 19 de octubre. Esta percepción se reforzó cuando un grupo de legisladores aprovechó la denuncia para solicitar la conformación de una comisión investigadora.
Durante la sesión plenaria N°176, la diputada Samantha Nogales calificó la iniciativa como atroz, señalando que buscaba desconocer los resultados del 17 de agosto y evitar la segunda vuelta. La legisladora resaltó que esta petición fue objeto de un intenso debate en la madrugada del 3 de octubre.
Ese mismo día, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un comunicado oficial, recordando que tanto el proceso electoral del 17 de agosto como la proclamación de sus resultados habían sido reconocidos por las organizaciones políticas, las misiones de observación electoral y la ciudadanía en general. El pronunciamiento del TSE alertó a la población sobre los intentos de afectar la realización de la segunda vuelta mediante la presentación de denuncias infundadas ante el Ministerio Público, con el objetivo de invalidar los resultados de las Elecciones Generales del 17 de agosto.
Las diversas fases de las elecciones del 17 de agosto, desde las etapas previas hasta la jornada de votación y el cómputo de las actas para procesar los resultados, fueron supervisadas por un total de trece misiones de observación, tanto internacionales como nacionales. Ninguna de estas misiones reportó irregularidades de gravedad que pudieran sustentar una inferencia de fraude.
Entre las misiones de observación internacional se encontraban la OEA, la Unión Europea, la Confederación Parlamentaria de las Américas, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Parlasur, el Parlamento Andino, el Consejo Mundial Político, la UNIORE, la Embajada de República Dominicana, y el Núcleo de Estudios e Investigación en Derecho Internacional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. A nivel nacional, participaron la Fundación Jubileo, la Red Observa Bolivia y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
