El Ministerio Público lleva adelante investigaciones por enriquecimiento ilícito en el marco de más de 340 denuncias relacionadas con actos de corrupción que fueron registradas en el Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción (Sitpreco). De este total, 73 casos involucran a exfuncionarios vinculados al sector de hidrocarburos, según informó el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García.

En respuesta a estas denuncias, y abarcando no solo el área de hidrocarburos sino también otras instituciones, la autoridad solicitó a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) un seguimiento patrimonial en las cuentas bancarias de 72 personas presuntamente implicadas en actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Este grupo incluye tanto a exfuncionarios como a personas cercanas a ellos.

Durante los primeros 70 días de gestión, se recibieron más de 340 denuncias que, al ser analizadas, mostraron que el sector hidrocarburos lidera el número de casos reportados, con más de 73 denuncias en diversas unidades. El Ministerio Público mantiene abiertas investigaciones en prácticamente todas las instancias de este sector, desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hasta la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). En estas entidades se detectaron redes dedicadas a actos ilícitos, cobros irregulares durante la escasez de carburantes en la gestión anterior y aumentos patrimoniales no justificados.

En particular, a través del Sitpreco se identificó una red de corrupción dentro de la ANH, donde funcionarios cobraban sobornos que oscilaban entre 5.000 bolivianos y 20.000 dólares para autorizar trámites relacionados con la instalación de estaciones de servicio. Esta denuncia permitió iniciar una investigación patrimonial que reveló un incremento injustificado en el patrimonio de estas personas, que superó los dos millones y medio de bolivianos.

La pesquisa también evidenció que el esquema de corrupción no solo involucraba a exfuncionarios, sino también a familiares y allegados que participaban en este modus operandi. Por ello, Transparencia solicitó a la UIF la elaboración de 72 informes de investigación patrimonial, los cuales se encuentran en proceso y se espera sean entregados en los próximos días.

Este rastreo es fundamental para avanzar en la presentación de denuncias por legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. Entre los investigados se encuentran exautoridades del gobierno anterior y personas vinculadas a ellas, aunque las identidades específicas se mantienen en reserva hasta que se completen los informes y se formalicen las denuncias ante el Ministerio Público.

Entre los nombres que han trascendido por fuentes oficiales figuran el expresidente Luis Arce, actualmente detenido en la cárcel de San Pedro por un caso relacionado con el desfalco del Fondo Indígena, junto a sus dos hijos, Ernesto Rafael y Marcelo Arce Mosqueira, quienes también enfrentan investigaciones por distintos casos de corrupción. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las pesquisas sobre la presunta participación de Marcelo en entidades estatales del sector hidrocarburos, y Rafael enfrenta al menos tres procesos penales con imputación formal por hechos similares