Un impulso significativo hacia la reforma del sistema judicial boliviano ha sido puesto en marcha por las principales instituciones que conforman el Órgano Judicial: el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. Esta iniciativa, estratégicamente programada tras la conformación de un nuevo gobierno nacional, se inicia con un diálogo interinstitucional que busca la participación de los cuatro poderes del Estado, diversas entidades colegiadas y el cuerpo diplomático acreditado en el país.

Mediante un comunicado conjunto, las tres instancias judiciales anunciaron la celebración del Primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial. Este encuentro crucial está previsto para el viernes 14 de noviembre en Sucre, la capital de la nación. La agenda del evento se estructurará en torno a cuatro mesas de trabajo fundamentales: la reforma normativa, la asignación presupuestaria para el Órgano Judicial, el desarrollo de la carrera judicial en Bolivia, y la modernización y avance tecnológico del sistema.

Rómer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, ha expresado que esta propuesta tiene como objetivo principal desencadenar una transformación profunda del sistema judicial. Subrayó el compromiso de este proceso con la ciudadanía y su orientación hacia la consolidación de la seguridad jurídica en Bolivia. Saucedo manifestó que este diálogo marca el comienzo de una reforma judicial indispensable para el país, destacando que el Órgano Judicial ha tomado la iniciativa, aprovechando la disposición favorable tanto del poder ejecutivo como de las nuevas autoridades legislativas.

El presidente del TSJ confirmó la asistencia del presidente Rodrigo Paz, en representación del poder ejecutivo, así como de delegados del poder legislativo y miembros del Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, se busca la integración de actores de la sociedad civil, incluyendo colegios de profesionales del derecho, universidades públicas y privadas, y el cuerpo diplomático.

Un aspecto distintivo de esta convocatoria es la exclusión de cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que han permanecido en sus cargos desde las elecciones judiciales de 2017, prolongando sus mandatos. Este grupo incluye a Gonzalo Hurtado, actual presidente del TCP, junto con René Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo. Saucedo aclaró que las invitaciones al TCP se extendieron únicamente a los cuatro tribunos elegidos en diciembre de 2024.

En un desarrollo relacionado, Óscar Hassenteufel, presidente del Tribunal Supremo Electoral, tras la entrega de credenciales a los nuevos asambleístas, instó a estos últimos a convocar con urgencia elecciones judiciales complementarias. El propósito es elegir a los cinco magistrados pendientes del TCP y a dos del TSJ, lo que permitiría poner fin a la prórroga de los actuales titulares. Mientras la mayoría de los nuevos legisladores respaldan esta solicitud, el asambleísta Carlos Alarcón ha propuesto la aplicación directa de la Ley 075, que establece el cese de mandato para los magistrados con términos extendidos. Esta normativa fue promulgada hace un año por el entonces presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en ausencia del presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.

La búsqueda de una solución estructural a la crisis judicial en Bolivia no es un tema reciente, y tradicionalmente cobra particular relevancia al inicio de cada nueva gestión gubernamental, cuando las autoridades expresan una fuerte voluntad de coordinar soluciones mediante reformas profundas. Sin embargo, el escenario actual presenta diferencias notables. Por primera vez, la convocatoria para abordar la crisis de la justicia emana del propio Órgano Judicial, a diferencia de administraciones anteriores, como las de Evo Morales y Luis Arce, donde estas iniciativas solían provenir del poder ejecutivo.

Otra divergencia significativa es la ausencia de invitaciones a organizaciones sociales, históricamente la base de apoyo del Movimiento al Socialismo (MAS), como grupos campesinos, indígenas e interculturales, entre otras representaciones populares, en esta cumbre interinstitucional. Además, el encuentro programado para el 14 de noviembre no se desarrollará bajo el amparo de la Ley 898, que creó la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia de 2016 y otorgaba al Ministerio de Justicia la presidencia de dicha comisión.

El presidente del TSJ ha señalado que este cambio de enfoque se debe a la percepción de que anteriores intentos de reforma judicial estuvieron motivados por intereses meramente políticos. Enfatizó la autonomía del poder judicial frente a la política, recordando acciones tomadas para disolver la Comisión 898, que colocaba al Ministerio de Justicia en una posición de superioridad, y reafirmando la autoridad del Órgano Judicial frente a intentos de intromisión. Cabe mencionar que, previo a esta convocatoria, el presidente Rodrigo Paz había anunciado la organización de un gran encuentro nacional de reforma a la justicia, programado para la primera quincena de noviembre