El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, manifestó este lunes su enérgica objeción a la continuidad de los magistrados cuyos mandatos se han extendido sin un proceso de ratificación, e hizo un llamado a salvaguardar la integridad institucional del país.

Saucedo señaló al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) como una de las entidades que, a través de la permanencia de sus actuales miembros más allá de sus términos originales, ha provocado un perjuicio significativo a la democracia y al sistema institucional boliviano. Subrayó la imperiosa necesidad de impedir que un número limitado de individuos comprometa la estabilidad de las instituciones fundamentales de la nación.

En este contexto, el titular del TSJ recordó que la Cámara de Senadores ya ha dado luz verde a un proyecto de ley destinado a poner fin a los mandatos de estos magistrados. Dicha iniciativa legislativa se encuentra actualmente a la espera de su consideración y aprobación en la Cámara de Diputados.

La propuesta, denominada Ley de adecuación constitucional para el funcionamiento transitorio y excepcional del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional Plurinacional, fue impulsada por la senadora Silvia Salame Farjat y fue aprobada en la Cámara Alta la semana pasada, siendo posteriormente remitida a la Cámara Baja.

El presidente Saucedo presentó dos alternativas claras para los magistrados en cuestión: la renuncia inmediata a sus cargos, fundamentada en la percepción de una falta de legalidad y legitimidad en su continuidad, o enfrentar una eventual expulsión, al ser considerados como usurpadores de la Constitución y las leyes vigentes. Enfatizó que la recuperación de la institucionalidad es un objetivo primordial para Bolivia.

Los magistrados cuyos mandatos han sido objeto de esta controversia son Gonzalo Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo