En el marco del proceso electoral subnacional, un hecho significativo ha marcado el desarrollo de las candidaturas para las próximas elecciones: de los 34.000 candidatos inicialmente inscritos, un altísimo porcentaje, aproximadamente el 76,5%, han sido inhabilitados por diversas razones que incluyen demandas legales o incumplimientos de requisitos formales. Esta cifra representa a 26.000 aspirantes que quedaron excluidos del proceso electoral, una situación que ha generado un impacto considerable en la configuración de las listas electorales y en la dinámica política local.
Ante esta realidad, los partidos políticos tuvieron un plazo establecido entre finales de diciembre y principios de febrero para realizar las sustituciones correspondientes y presentar nuevos candidatos que cumplieran con los requisitos establecidos por la normativa electoral. Durante ese período, se vivió una intensa actividad en los tribunales electorales departamentales, donde se registraron grandes concentraciones de personas buscando inscribir a sus reemplazos. Este esfuerzo refleja la urgencia y la importancia que los actores políticos atribuyen a mantener su presencia en la contienda electoral, a pesar del alto número de inhabilitaciones.
Sin embargo, el proceso de sustitución no ha alcanzado a cubrir todas las vacantes generadas por las inhabilitaciones. Según confirmó el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, hasta el momento se han registrado cerca de 10.000 sustituciones, aunque se espera que esta cifra pueda aumentar hasta aproximadamente 12.000 antes del cierre definitivo. Esto implica que apenas un 46% de los candidatos inhabilitados será reemplazado con nuevas postulaciones válidas. Esta proporción revela una notable reducción en la oferta electoral inicial y podría tener implicaciones directas en la representatividad y competitividad de las elecciones subnacionales.
El proceso no termina con la inscripción de estos nuevos candidatos, ya que los vocales electorales continúan con la labor rigurosa de verificar el cumplimiento estricto de los requisitos legales para validar estas sustituciones. Este trabajo es fundamental para garantizar la transparencia y legalidad del proceso electoral, evitando posibles impugnaciones futuras y asegurando que solo participen aquellos aspirantes que cumplen con los criterios establecidos.
Además, Ávila recordó que dentro del grupo de inhabilitados se encuentran también candidatos pertenecientes a los partidos cuyos registros fueron eliminados del padrón electoral, específicamente ADN y UCS. Aunque este número es relativamente pequeño en comparación con el total general de inhabilitados, su exclusión contribuye al panorama complejo que enfrentan estas elecciones.
La culminación definitiva del proceso se reflejará en la publicación oficial de la lista final de candidatos el próximo 14 de febrero. En esta lista se consolidarán tanto las candidaturas originales como aquellas sustituidas debido a inhabilitaciones o falta de documentación adecuada. La publicación será una etapa crucial para definir oficialmente quiénes participarán en las contiendas electorales subnacionales y permitirá a la ciudadanía conocer con claridad sus opciones electorales.
Este escenario plantea importantes desafíos para los partidos políticos y para el sistema electoral en su conjunto. La elevada tasa de inhabilitación indica posibles debilidades en los procesos internos de selección y presentación de candidaturas por parte de las organizaciones políticas, así como dificultades para cumplir con los requisitos legales establecidos. Asimismo, la baja proporción de sustituciones efectivas puede limitar la diversidad y oferta política disponible para los votantes, afectando potencialmente la representatividad democrática a nivel local.
En resumen, el proceso electoral subnacional está atravesando una etapa crítica marcada por una elevada exclusión inicial de candidaturas y un esfuerzo significativo pero limitado por parte de los partidos para subsanar estas bajas mediante sustituciones. La revisión continua por parte del Tribunal Supremo Electoral busca asegurar la legalidad del proceso, mientras que la sociedad observa atentamente cómo estos cambios impactarán en el desarrollo democrático regional próximo
