La región del Trópico de Cochabamba, un área históricamente vinculada con la influencia política del expresidente Evo Morales, se encuentra actualmente sin presencia policial. Las fuerzas del orden se retiraron de la zona a principios de este mes, en respuesta a intensas manifestaciones protagonizadas por grupos afines al exmandatario.

Fuentes gubernamentales han señalado que el restablecimiento de las operaciones policiales en el Trópico está condicionado a la garantía de protección para los agentes y sus familias, quienes, según informes, han sido objeto de amenazas constantes por parte de sectores asociados a la anterior administración.

Esta ausencia de los servicios de seguridad del Estado coincidió con los reportes de un incidente de justicia por mano propia ocurrido la semana pasada en la localidad de Shinahota, donde un grupo de individuos acusados de robo de vehículos fue objeto de un linchamiento. Los informes oficiales del gobierno confirman que dos de los sindicados fallecieron, mientras que otros tres permanecen heridos y retenidos.

Un alto funcionario del Ministerio de Gobierno, Jhonny Aguilera, enfatizó que estas muertes no pueden quedar impunes. Describió los hechos como una perpetuación de la violencia, derivada de la usurpación de funciones judiciales bajo la supuesta aplicación de la justicia comunitaria.

La misma autoridad afirmó que la región está bajo un considerable control político territorial, lo que impide de manera efectiva el despliegue de la policía y de los organismos encargados de la persecución penal, obstaculizando así la presencia del Estado.

Se explicó que este dominio político territorial se manifiesta principalmente en la expulsión de las fuerzas policiales, motivada por el interés de mantener una autonomía frente a las intervenciones estatales, las cuales son percibidas como amenazas al poder local. Desde la perspectiva gubernamental, estos actos violentos y otras conductas delictivas están directamente relacionados con la expulsión de la policía, sugiriendo un objetivo subyacente de proteger actividades ilícitas.

Recientemente, se informó que unidades antidrogas lograron desmantelar 48 fábricas móviles dedicadas a la elaboración de cocaína base en el municipio de Villa Tunari, también situado en el Trópico. Este descubrimiento, se destacó, sugiere una fuerte vinculación con el narcotráfico. La resistencia a la policía y a la presencia estatal es interpretada como un intento de evitar el control sobre estas actividades ilegales. Además, el uso excesivo de la violencia, que incluye torturas y el empleo de gasolina, se presenta como una clara evidencia de los métodos brutales asociados a la presencia de lo que se describe como organizaciones paraestatales operando en el Trópico de Cochabamba.

El funcionario caracterizó además estos sucesos como graves violaciones a los derechos humanos, identificándolos específicamente como ejecuciones extrajudiciales que niegan el debido proceso. Se afirmó que una situación similar afecta a quienes se oponen a los mandatos políticos establecidos en la región. Esto no solo genera inseguridad, sino que también contribuye a una desestabilización social, caracterizada por la propagación del miedo y ciclos de violencia recurrentes. Estas dinámicas se atribuyen a la presencia de organizaciones paraestatales que buscan ejercer un impacto político en la zona