La construcción de un nuevo padrón electoral en un plazo de 24 meses, tal como establece la Ley 1701, implicará un gasto mínimo de 70 millones de dólares para el Estado. A esta cifra se suma la necesidad de invertir aproximadamente 56 millones de dólares adicionales para desarrollar una plataforma digital renovada con software actualizado, sumando así un total superior a los 120 millones de dólares, según cifras proporcionadas por el Órgano Electoral.
La normativa vigente establece que la elaboración de este nuevo padrón será una de las primeras responsabilidades de los próximos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes deben ser designados antes del 19 de diciembre. Esta obligación está señalada en la quinta disposición transitoria de la Ley 1701, que regula la selección y nombramiento de las autoridades electorales.
Aunque la ley fue promulgada recientemente por el presidente del Estado, Rodrigo Paz, quien ha señalado en ocasiones anteriores la precariedad financiera heredada, los legisladores enfatizan la urgencia y prioridad de esta tarea. Consideran que la población demanda un padrón electoral “seguro y confiable”, dado que el registro actual ha sido utilizado en cinco procesos electorales desde 2020 y se prevén dos más para 2026, pero genera desconfianza entre los ciudadanos.
El artículo correspondiente de la Ley 1701 señala que la creación del nuevo padrón debe completarse en un máximo de 24 meses desde la toma de posesión de los nuevos vocales del TSE. Además, los jóvenes que cumplirán 18 años antes de marzo de 2026 deberán empadronarse bajo esta nueva plataforma.
Desde el Tribunal Supremo Electoral se ha confirmado que el costo estimado para esta labor oscila entre 60 y 70 millones de dólares, cifra que se mantiene desde hace más de un año. Sin embargo, el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, ha expresado dudas sobre la viabilidad financiera de esta inversión en el contexto actual, aunque reconoce que el padrón vigente es considerado confiable, según certificaciones internacionales.
El padrón actual, basado en un sistema biométrico implementado en 2009, se apoya en una plataforma tecnológica que ya cumple 16 años. Desde el Servicio de Registro Cívico (Sereci) han alertado sobre la necesidad urgente de renovar los equipos, ya que la infraestructura tecnológica está próxima a su límite de capacidad, con almacenamiento casi completo para 85 millones de huellas dactilares, cuando el sistema puede albergar hasta 150 millones.
El director del Sereci, David Dávila, ha señalado que el desarrollo de un sistema nuevo y moderno para el empadronamiento implicaría una inversión adicional estimada en 56 millones de dólares, recursos que actualmente no están disponibles. Por lo tanto, el nuevo TSE enfrentará el desafío de implementar no solo un padrón actualizado, sino también una plataforma tecnológica completamente renovada dentro de un plazo ajustado.
En el ámbito legislativo, algunos diputados han manifestado su apoyo a esta iniciativa, destacando que garantizar la transparencia y credibilidad de los procesos electorales es una inversión fundamental para el país. Se considera que el plazo de dos años es adecuado para desarrollar un padrón con tecnologías avanzadas que mejoren la seguridad y reduzcan costos.
Asimismo, se ha señalado que el padrón actual presenta una cantidad de habilitados que parece desproporcionada en relación con la población total del país, lo que refuerza la necesidad de un registro actualizado y confiable. Se plantea que los recursos para este proyecto deberían ser incluidos en el presupuesto general del Estado para 2026.
Según la Ley del Órgano Electoral, el padrón electoral debe contener información biométrica y datos personales como nombres, fecha de nacimiento, sexo, nivel educativo, domicilio, tipo y número de documento, nacionalidad, lugar de nacimiento y detalles electorales, garantizando así un registro integral y seguro para todos los votantes habilitados
