Desde la máxima instancia judicial del país, se ha reafirmado el compromiso inquebrantable con la celebración de las elecciones nacionales, incluyendo una eventual segunda vuelta. La solidez de este compromiso se evidencia en la ausencia de cualquier interferencia por parte de jueces o vocales en el desarrollo del calendario electoral, garantizando así la continuidad y transparencia del proceso democrático.
En este contexto, se ha iniciado una acción legal contra magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, a quienes se les imputan dos delitos específicos. Esta iniciativa, según se ha aclarado, no es una postura individual, sino una decisión institucional consensuada con las autoridades del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, reflejando una posición unificada del sistema de justicia. Se ha enfatizado que esta denuncia no compromete el desarrollo del calendario electoral ni la estabilidad del proceso democrático, buscando transmitir tranquilidad a la ciudadanía respecto a la garantía de las elecciones y una transición ordenada.
Se ha hecho hincapié en la necesidad de no desinformar a la población, contrastando esta postura con las declaraciones de quienes anteriormente ejercieron funciones en el Tribunal Constitucional Plurinacional y que ahora, en su condición de ciudadanos, deberían enfrentar procesos en la jurisdicción ordinaria. La base de esta acción radica en la presunta extensión indebida de sus mandatos, contraviniendo la duración constitucionalmente establecida de seis años y, por ende, la voluntad popular expresada en las urnas.
Respecto a la operatividad del Tribunal Constitucional Plurinacional en caso de que las denuncias prosperen y los cargos queden vacantes, se ha asegurado que el funcionamiento del tribunal no se vería comprometido. Se ha recordado un precedente de 2017, cuando la institución operó con un único magistrado durante un trimestre. Actualmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional cuenta con cuatro magistrados electos, lo que asegura su plena capacidad de funcionamiento. La decisión de los magistrados de desconocer la voluntad del pueblo boliviano al extender sus propios mandatos mediante resoluciones internas, buscando un beneficio personal, ha sido calificada como una afrenta directa a la Constitución que establece claramente la duración de sus funciones.
Adicionalmente, se ha solicitado al Ministerio Público la activación de alertas migratorias para los cinco implicados, ante el riesgo inminente de que pudieran abandonar el país y, con ello, obstaculizar la investigación en curso. Esta medida busca asegurar que los señalados se sometan al debido proceso, en apego a los principios de objetividad que rigen la actuación fiscal.
En caso de que se produzcan vacancias en el Tribunal Constitucional Plurinacional, la responsabilidad de convocar a nuevas elecciones judiciales recaería en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se espera que la nueva conformación de la Asamblea, que asumirá funciones el próximo mes, asuma este rol crucial para la democracia del país.
Finalmente, se ha expresado un profundo malestar ante lo que se percibe como un intento de aferrarse a los cargos, manipulando principios democráticos fundamentales. Se les atribuye haber socavado el ejercicio democrático en anteriores procesos de selección judicial, mediante la implementación de artimañas jurídicas que habrían permitido la permanencia de algunos mientras otros eran excluidos, una situación que, según las autoridades, ha generado un cansancio generalizado en la ciudadanía boliviana
