El juez Hebert Zeballos Domínguez, quien se encuentra detenido en la cárcel de Palmasola vinculado al controvertido caso conocido como el de las 32 maletas, ha sido oficialmente suspendido de sus funciones judiciales. La decisión fue tomada por el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, luego de un proceso disciplinario impulsado por jueces sumariantes a raíz de denuncias presentadas por litigantes en contra del magistrado.

La suspensión fue comunicada directamente al juez Zeballos en el interior del penal de Palmasola, donde permanece recluido. Funcionarios del Consejo se desplazaron hasta el pabellón del PC- para hacerle entrega formal de la resolución que lo aparta temporalmente del cargo que ejercía en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ). No obstante, aún no se ha especificado la duración exacta de esta suspensión.

El origen del proceso que terminó con la suspensión y detención del juez Zeballos está relacionado con una investigación sobre un cargamento ilícito. El pasado 23 de enero, agentes especializados en lucha contra el narcotráfico allanaron las instalaciones de la Empresa Boliviana de Seguridad (Ebose), vinculada directamente con Zeballos. Durante este operativo, las autoridades encontraron una considerable cantidad de marihuana tanto en forma sólida como líquida, además de documentación que confirmaba la participación económica del juez como principal socio capitalista dentro de esta empresa.

Más allá de esta conexión, también surgieron vínculos con otras personas implicadas en el caso, entre ellas la exdiputada Laura Rojas Ayala, cuya documentación apareció durante las pesquisas policiales. La magnitud y las características del caso han generado gran impacto dentro del sistema judicial y entre la población local, puesto que involucra a un funcionario público encargado justamente de impartir justicia.

En cuanto a su situación procesal interna en el Tribunal Departamental de Justicia, se le otorgó inicialmente un permiso administrativo por cinco días hábiles para ausentarse, plazo que concluyó el 30 de enero. Posteriormente solicitó una extensión adicional desde prisión para continuar con su ausencia, pero dicha petición fue denegada conforme a las normativas vigentes. Esto implica que Zeballos debía reincorporarse a sus funciones judiciales este jueves; caso contrario, según lo establecido en la Ley General del Trabajo, podría ser destituido automáticamente por abandono laboral. Sin embargo, este tipo de sanción definitiva solo puede ser aplicada por el Consejo de la Magistratura y no por el TDJ.

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia cruceño ha reiterado que cualquier medida disciplinaria mayor contra jueces corresponde exclusivamente al Consejo de la Magistratura tras los procesos sumarios correspondientes. En este sentido, aunque Zeballos ha sido suspendido oficialmente, todavía conserva su condición formal como juez debido a que no se ha dictado su destitución definitiva. El Consejo confirmó además que sobre él pesan 17 procesos disciplinarios; la mayoría clasificados como faltas graves y dos catalogadas como gravísimas. Para proceder a una destitución automática se requiere acumular tres faltas gravísimas; por ahora solo existen dos registradas.

Paralelamente al ámbito administrativo y disciplinario, el juez detenido está enfrentando procesos penales tras haber sido imputado formalmente por delitos relacionados con tráfico ilícito de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa. Tras su aprehensión ordenada por un juez cautelar el 24 de enero y su internamiento en Palmasola por un período inicial fijado en 120 días, sus abogados han iniciado una defensa legal vigorosa orientada a revertir esta medida y solicitar su libertad inmediata.

La audiencia clave para definir su situación jurídica está programada para celebrarse bajo modalidad virtual desde el recinto penitenciario donde permanece recluido. Este procedimiento será llevado adelante por la sala penal segunda del Tribunal Departamental bajo la presidencia del vocal Freddy Larrea. La defensa busca mediante esta instancia anular o modificar la prisión preventiva que pesa sobre Zeballos.

Este caso también ha cobrado notoriedad pública debido a imágenes captadas por cámaras de seguridad en el aeropuerto internacional Viru Viru. En dichas grabaciones aparece Zeballos junto a Álvaro Alejandro Barbery Guzmán —exfuncionario aduanero— coincidiendo con la llegada al país desde Estados Unidos en un avión privado que transportaba las mencionadas 32 maletas llenas de divisas ilícitas y vinculadas al cargamento investigado. Barbery negó cualquier implicación más allá de haber saludado al juez durante ese día y fue separado inmediatamente del cargo aduanero mientras continúa bajo investigación fiscal.

Desde el inicio oficial del operativo investigativo el 20 de enero se han realizado múltiples detenciones relacionadas con este entramado ilegal. Además del propio juez Zeballos están privados formalmente de libertad cinco personas entre quienes figuran empleados vinculados a la empresa Ebose —como Roy Rony Paz Roca— otro funcionario judicial identificado como Diego Numberg Shirasawa y la exdiputada Laura Rojas Ayala; todos ellos recluidos simultáneamente en Palmasola bajo órdenes judiciales.

Recientemente también fue capturada Vicky Ríos Ovando, abogada auxiliar en el Tribunal Departamental cruceño y registrada como capitalista dentro dela empresa Ebose según las pesquisas policiales. Ella enfrenta cargos similares relacionados con tráfico ilícito y será presentada próximamente ante un juez cautelar para definir su situación procesal.

Este conjunto complejo e interrelacionado evidencia presuntas redes criminales coordinadas desde ámbitos institucionales e involucra directamente a funcionarios públicos encargados tanto del sistema judicial como aduanero. La gravedad del caso pone en alerta a toda la sociedad sobre posibles vulnerabilidades dentro del aparato estatal y subraya la importancia fundamental del control riguroso para garantizar transparencia e integridad institucional.

En resumen, mientras Hebert Zeballos permanece detenido y suspendido temporalmente como juez sin haber sido aún destituido formalmente, continúan desarrollándose los procesos administrativos y penales vinculados a uno de los escándalos más resonantes recientes relacionados con narcotráfico y corrupción judicial en Santa Cruz. La evolución próxima tanto jurídica como institucional será decisiva para establecer responsabilidades definitivas y restablecer confianza pública en las instituciones afectadas