La justicia ha tomado una decisión relevante en el caso que involucra al suboficial Jaime M. C., instructor del Grupo Aéreo Táctico 65, quien se encuentra bajo investigación por su presunta implicación en el robo de piezas históricas del Cementerio de Trenes, un sitio emblemático y uno de los principales atractivos turísticos y patrimoniales del país. En una resolución emitida por el Juzgado 1º de Instrucción Penal de Uyuni, se concedieron medidas sustitutivas a la detención preventiva para el suboficial, mientras que los once conscriptos que fueron aprehendidos junto a él fueron liberados.

El dictamen judicial establece que el suboficial deberá cumplir con una serie de restricciones durante el proceso investigativo. Entre estas se incluyen el arraigo domiciliario, la presentación de un garante personal, la prohibición expresa de acercarse al lugar donde ocurrieron los hechos y la obligación de firmar semanalmente en las dependencias del Ministerio Público. Estas medidas buscan garantizar la presencia del imputado durante las diligencias sin privarlo completamente de su libertad, mientras se profundizan las indagaciones sobre el presunto delito de robo agravado.

El suboficial Jaime M. C. desempeñaba funciones como instructor dentro del Grupo Aéreo Táctico 65 “Uyuni”, una unidad dependiente de la Fuerza Aérea Boliviana. Estaba al mando del contingente durante la noche en que un operativo policial intervino y sorprendió a los efectivos transportando piezas metálicas pertenecientes a antiguos vagones ferroviarios a bordo de un camión oficial. Este hecho ocurrió tras una serie de denuncias recibidas por parte de comunarios que alertaron sobre movimientos sospechosos en la zona del Cementerio de Trenes.

La intervención policial permitió detener en flagrancia a doce personas, todas hombres, quienes estaban encargados del traslado irregular de estos materiales históricos. Algunos de los implicados intentaron evadir la acción policial huyendo y escondiéndose, pero gracias al operativo se logró recuperar las piezas sustraídas y poner en conocimiento del Ministerio Público lo acontecido para iniciar formalmente las investigaciones.

Entre los detenidos había ocho conscriptos mayores de edad y cuatro menores. Estos últimos fueron derivados inmediatamente a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para garantizar su protección conforme a los procedimientos legales correspondientes. Posteriormente, en la audiencia cautelar, el Juzgado decidió otorgar mandamientos de libertad a los once conscriptos restantes, tomando en cuenta el nivel de participación que tuvieron en los hechos y su situación jurídica particular.

La atención judicial ahora se centra especialmente en esclarecer la responsabilidad directa del suboficial Jaime M. C., quien ejercía mando sobre el grupo durante el momento en que ocurrieron los hechos ilícitos. La investigación busca determinar si hubo planificación o si otros actores podrían estar involucrados en este presunto saqueo.

Este episodio ha generado gran preocupación e indignación entre los habitantes de Uyuni y sus alrededores, dado que el Cementerio de Trenes no solo es un símbolo histórico sino también un patrimonio estatal declarado formalmente desde octubre del año 2025. Este lugar representa un atractivo turístico fundamental para la región, recibiendo visitantes nacionales e internacionales durante todo el año debido a su valor cultural e histórico.

Las autoridades han reiterado que cualquier acto que implique sustracción o daño a bienes patrimoniales constituye un delito grave y anunció que se reforzarán los controles para prevenir nuevos atentados contra este sitio tan emblemático. Por su parte, el Ministerio Público continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer todos los detalles del caso y establecer posibles responsabilidades adicionales, buscando proteger este patrimonio intangible tan importante para la identidad local y nacional