La situación legal del exministro de Gobierno Eduardo del Castillo experimentó un cambio significativo tras su liberación pocas horas después de haber sido detenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, mientras intentaba abordar un vuelo hacia Chile. La detención, realizada en la madrugada del martes, se convirtió en un revés para las autoridades policiales y fiscales, aunque abrió un escenario judicial más amplio y complejo para la exautoridad.
Alrededor de las 18:00 horas, Del Castillo fue presentado ante el Juzgado 15º de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, bajo la jurisdicción del juez Carlos Alberto Moreira Rivero, donde se debía definir su situación legal. Sin embargo, antes de esta audiencia, un juez de Warnes ordenó su liberación inmediata tras una sesión virtual, debido a que el Ministerio Público no presentó una imputación formal en su contra.
En la audiencia presidida por el juez Moreira, se resolvió que la detención no cumplió con los protocolos policiales establecidos y, ante la falta de una acusación fiscal, se dispuso la libertad inmediata de Del Castillo. Asimismo, se autorizó la libre circulación del exministro, sus dos hijas menores de edad y otros familiares, garantizando además la atención médica que requiere la menor en Chile. El juez advirtió que podrían derivarse responsabilidades penales y civiles contra quienes participaron en la detención irregular.
Horas antes, el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, anunció la apertura de una investigación penal contra Del Castillo por el presunto delito de obstrucción al ejercicio de la función policial. Según la versión oficial, el exministro se habría negado a permitir la revisión de su equipaje antes de abordar el vuelo internacional. Mariaca indicó que los hechos serán analizados para asegurar el debido proceso y el cumplimiento estricto de la ley.
Aunque existe una normativa que impide a exautoridades salir del país durante tres meses tras dejar el cargo, esta no se aplicaría en el caso de Del Castillo, quien renunció para participar en la campaña electoral del MAS. A pesar de ello, la detención fue ejecutada, generando una controversia jurídica que finalmente favoreció al exministro.
La defensa, representada por el abogado Enrique Ramírez, denunció violaciones a los derechos de Del Castillo y su familia. El exministro relató que, tras llegar a Santa Cruz desde La Paz, se produjeron demoras injustificadas en Migración y que fue obligado a descender del bus que trasladaba a los pasajeros al avión sin que se le mostrara una orden judicial o administrativa.
La liberación de Del Castillo no calmó la situación, pues desde la detención comenzaron a acumularse múltiples denuncias relacionadas con su gestión al frente del Ministerio de Gobierno. El abogado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentó una denuncia penal contra el expresidente Luis Arce y Del Castillo por presuntos delitos vinculados a un operativo de aprehensión ejecutado en diciembre de 2022, incluyendo incumplimiento de deberes, torturas y secuestro. Esta denuncia fue presentada ante la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Departamental y se solicitó la detención inmediata del exministro por riesgo de fuga.
A estas acciones se sumaron nuevas denuncias y adhesiones. Marco Antonio Aramayo, vinculado al caso Fondo Indígena, denunció amenazas de muerte y anunció que se sumará a la denuncia contra Del Castillo, a quien responsabiliza políticamente. Además, el abogado Carlos Gaity se declaró víctima de la exautoridad, señalando que en 2024 enfrentó un proceso judicial que afectó su honor y vida familiar.
En las inmediaciones de la Felcc se instaló una vigilia de personas que aseguran haber sufrido abusos durante la gestión de Del Castillo. Entre ellas, una mujer relató agresiones y detenciones arbitrarias durante protestas en Santa Cruz. También se anunciaron futuras denuncias por parte de exlíderes cívicos, activistas, colectivos vecinales y familiares de víctimas de operativos policiales.
Las reacciones políticas y sociales no se hicieron esperar. El gobernador Camacho manifestó que presentó una denuncia penal por secuestro y torturas, solicitando que estos hechos no queden impunes. Por su parte, el exdirigente cívico Marco Antonio Pumari criticó el abuso de poder durante la gestión de Del Castillo. Desde prisión, el general Juan José Zúñiga celebró la caída de lo que calificó como un “verdugo”. El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, instó a que el caso siga su curso legal respetando el debido proceso, aunque cuestionó la falta de detenciones en otros casos. Por último, el activista cubano Jorge Castro, expulsado durante la gestión de Del Castillo, expresó su esperanza en que se haga justicia.
La breve detención de Eduardo del Castillo ha dejado al descubierto un entramado judicial complejo, con múltiples denuncias en curso y otras por venir. La incógnita persiste sobre si el exministro podrá continuar su defensa desde el extranjero o si los procesos legales pendientes lo obligarán a enfrentar a la justicia nacional en los próximos meses
