En horas de la noche del sábado, el Juzgado 15º de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres resolvió dictar detención preventiva por un período de cuatro meses a la exdiputada del MAS, Lidia Patty. La medida se tomó en el marco de una audiencia virtual en la que se investiga su presunta vinculación con el desvío de 700.000 bolivianos destinados a un proyecto de producción de tomates para ocho comunidades.

El abogado defensor de Patty, Víctor Nina, calificó la decisión como arbitraria y señaló que el Ministerio Público no presentó pruebas contundentes que justificaran la medida cautelar. Según el letrado, durante la audiencia no se aportaron elementos de convicción suficientes para sostener la acusación.

Previo a la audiencia, la exlegisladora fue trasladada desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) para participar en una acción de libertad presentada por su defensa, la cual fue rechazada por segunda vez. Posteriormente, se inició la audiencia de medidas cautelares alrededor de las 17:30, que se extendió hasta cerca de las 20:00, momento en que se determinó la detención preventiva.

Nina subrayó que su defensa logró desvirtuar los riesgos procesales argumentados por el Ministerio Público, pero a pesar de ello, la autoridad judicial decidió mantener la detención. Además, anunció que presentarán una tercera acción de libertad durante el domingo en busca de revertir la medida.

Lidia Patty fue aprehendida la mañana del viernes, tras lo cual el Ministerio Público formalizó la acusación y solicitó la detención preventiva. La investigación se centra en la supuesta recepción indebida de 700.000 bolivianos provenientes del exFondo Indígena, monto que formaba parte del presupuesto asignado para proyectos productivos en comunidades campesinas.

En reacción al caso, Evo Morales expresó su rechazo a través de redes sociales, calificando la aprehensión como un acto de revanchismo y abuso de poder. Morales destacó que Patty fue una figura clave en el proceso judicial contra la expresidenta Jeanine Áñez y sus colaboradores, y consideró que la medida representa una injusticia motivada por razones políticas y raciales. Asimismo, manifestó su solidaridad con la exdiputada y advirtió que la acción gubernamental y judicial no quedará impune