La Asamblea Departamental de Tarija enfrenta un prolongado impasse con el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en relación a la revisión y aprobación de una ley clave que busca modificar la estructura legislativa regional. Desde el año pasado, esta instancia judicial no ha emitido pronunciamiento alguno sobre una normativa que pretende reducir significativamente el número de legisladores departamentales, una medida impulsada con la intención de optimizar recursos y adecuar la representación política a las características demográficas y económicas del departamento.

La iniciativa legislativa, promovida por los miembros de la Asamblea de Tarija, contempla disminuir el cuerpo legislativo de 30 a 17 asambleístas. Este cambio responde a un análisis crítico sobre la proporción que representa el actual número de representantes frente a la población total del departamento, que apenas constituye alrededor del cinco por ciento del total nacional. La cifra vigente se considera desproporcionada y poco eficiente en términos administrativos y presupuestarios, especialmente en un contexto económico complejo para el gobierno departamental.

Marina Hoyos Ramos, secretaria de la Asamblea y parte de su directiva, ha expresado públicamente su preocupación ante la falta de respuesta por parte del TCP, entidad encargada del control constitucional que debe validar o rechazar esta reforma. A pesar de haber sostenido reuniones con la magistrada Elizabeth Cornejo y el Secretario de Cámara del Tribunal Constitucional, quienes se comprometieron a acelerar el análisis del proyecto, hasta la fecha no se ha registrado avance alguno ni dictamen oficial. Esta demora afecta directamente la posibilidad de implementar cambios en las elecciones subnacionales previstas para marzo próximo.

El retraso en el pronunciamiento constitucional implica que en los próximos comicios se mantendrá vigente el sistema actual, con la elección de treinta legisladores titulares para representar al departamento. Este escenario contraviene las intenciones originales del órgano legislativo local, cuyo objetivo era ajustar la representación política conforme a criterios más racionales y sostenibles ante las limitaciones financieras evidentes.

De hecho, uno de los factores determinantes para impulsar esta reducción fue la crítica situación económica que atraviesa el gobierno departamental. La caída significativa en los ingresos públicos, atribuida principalmente a una disminución en la producción y exportación de gas natural hacia Brasil, ha deteriorado el presupuesto disponible para diferentes áreas administrativas. En este contexto, mantener un cuerpo legislativo numeroso representa una carga financiera considerable.

El presupuesto asignado a la Asamblea Departamental ha sufrido recortes paulatinos en los últimos años. En 2025 se redujo desde 19.5 millones hasta 17.5 millones de bolivianos y para este año se proyecta una asignación aún menor, cercana a los 14.5 millones. No obstante, estas disminuciones presupuestarias no han venido acompañadas por una reducción proporcional en el número de asambleístas ni en sus gastos asociados. Esto evidencia un desajuste entre los recursos disponibles y las estructuras políticas vigentes.

A menos de dos meses para concluir el actual periodo legislativo regional, Marina Hoyos ha manifestado su deseo y expectativa porque este tema pueda resolverse antes del cierre formal de esta gestión. La consolidación definitiva de una ley que reduzca efectivamente el número de representantes permitiría no solo una adaptación institucional más acorde con las condiciones actuales sino también un alivio financiero importante para las arcas públicas departamentales.

En suma, la falta de respuesta oportuna por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional está generando un estancamiento que afecta tanto al funcionamiento político como al equilibrio presupuestario local. La definición sobre esta ley es crucial para determinar cómo se configurará la representación democrática en Tarija durante los próximos años y cómo se enfrentarán los retos económicos derivados del contexto energético nacional e internacional. La población tarijeña observa con atención este proceso esperando que finalmente se adopten medidas que garanticen eficiencia política sin sacrificar calidad institucional ni representatividad legítima