Mucha gente se pregunta sobre las razones por las cuales las magistradas y magistrados del Tribunal Constitucional se resisten a dejar sus cargos, a pesar de haber excedido ampliamente el plazo establecido por la Constitución Política del Estado y las leyes. En su primera e ilegal resolución por la que prorrogaron su mandato fijaron como plazo límite la posesión de las autoridades elegidas por voto popular. Las duras críticas recibidas desde diferentes sectores sociales, políticos, profesionales, académicos y organizaciones populares no surtieron efecto alguno.
En aquella ocasión justificaron la violación de la Constitución Política del Estado argumentando que era necesario evitar un vacío de poder en el Tribunal Constitucional; sin embargo, en el proceso de selección de candidatos y elección de nuevas autoridades se dedicaron a dar curso a cuanto obstáculo presentado por personas interesadas en impedir que el país cuente con autoridades idóneas, éticas y, sobre todo, independientes. Tras bloquear la elección en cinco departamentos los magistrados autoprorrogados decidieron permanecer indefinidamente en sus cargos a pesar de que ya existen 4 magistrados elegidos legalmente con los que puede funcionar adecuadamente el tribunal.
Coincidiendo con la resolución de la prórroga ilegal y cuestionable de los magistrados, han surgido recursos constitucionales presentados en departamentos donde éstos ejercen influencia y las resoluciones tienden a favorecer a los solicitantes incluso en casos que no deberían ser revisados por dicho tribunal. 
La facilidad con la que se obtienen resoluciones a medida en el Tribunal Constitucional cuando alguno de los magistrados/as autoprorrogados se hallan involucrados arroja luz sobre sus motivaciones para aferrarse al cargo a pesar de las críticas. Aunque también se señala injerencia del gobierno por su afán de concentrar el poder del Estado, al parecer el interés principal de estos mal llamados magistrados sería el enriquecerse a través de la manipulación de resoluciones. La desvergüenza ha llegado a tal extremo que se rumorea de la existencia de una red de juzgados y tribunales a los que los interesados pueden acudir en busca de resoluciones favorables, sin importar su legalidad.
En conclusión, la permanencia de los magistrados autoprorrogados en el Tribunal Constitucional, a pesar de las irregularidades y los cuestionamientos éticos, pone en entredicho la integridad y la transparencia del sistema judicial. La sociedad debe exigir que se restablezca la legalidad y la ética en el ejercicio de la justicia para así recuperar la confianza en las instituciones democráticas del país.
DE FRENTE
JULIETA MONTAÑO S.
Abogada, feminista, defensora de DDHH
julietamontano@gmail.com

FUENTE: www.opinion.com.bo/