El sector del autotransporte en Tarija se encuentra a la espera de una resolución municipal respecto al programa de fotomultas, con un plazo de 30 días fijado para su anulación que ya ha superado su ecuador. Con apenas más de dos semanas restantes, los representantes del gremio han señalado la posibilidad de iniciar movilizaciones si no se procede a la rescisión del contrato con Smart Solutions, la empresa a cargo de la implementación y gestión del sistema de cobro de infracciones.

La postura del sector, definida en una reciente asamblea, estableció este ultimátum para que la administración municipal deje sin efecto el acuerdo. Existe una marcada inquietud por la ausencia de progresos concretos en esta dirección. Desde el inicio, la oposición a la injerencia de la empresa fue patente, intensificándose al conocerse que las multas oscilarían entre 20 y 30 dólares, un monto que el transporte considera inaceptable para la realidad local. Se ha subrayado que la ciudadanía de Tarija no tolerará este esquema de cobros.

Además, se ha criticado que el proyecto avanzara sin una adecuada socialización con el gremio, percibiendo que las decisiones fueron tomadas de forma unilateral y sin el consenso necesario. El sector ha expresado su rechazo a que una entidad extranjera administre las multas, insistiendo en que la gestión del sistema debe recaer en el propio municipio, garantizando transparencia y asegurando que los fondos recaudados permanezcan en Tarija, en lugar de ser transferidos fuera de la región.

Por su parte, la administración municipal había comunicado previamente el envío de una misiva a la empresa, manifestando su intención de rescindir el contrato. Sin embargo, la compañía ha sostenido que no existen fundamentos jurídicos para anular el acuerdo, argumentando que se ha cumplido cabalmente con las cláusulas establecidas. En consecuencia, la empresa ha indicado que la aplicación y el cobro de las multas continuarán mientras no haya una resolución diferente