La Federación 15 de Abril de Tarija ha manifestado una profunda preocupación y desconfianza respecto al mecanismo implementado para resarcir los daños ocasionados en vehículos por la presunta mala calidad del combustible. Este sector, que agrupa a numerosos transportistas afectados por fallas mecánicas atribuibles a la gasolina distribuida en el país, ha señalado que los talleres mecánicos exigen el pago inmediato en efectivo para proceder con las reparaciones, lo que genera un conflicto con la modalidad propuesta por las autoridades, basada en un seguro solidario gestionado a través de la aseguradora Unibienes.

La raíz del malestar radica en la falta de información clara, precisa y consensuada sobre las condiciones y el funcionamiento de este seguro solidario, diseñado para cubrir los costos de reparación cuando los daños superan los 20.000 bolivianos por vehículo. Los transportistas han cuestionado esta modalidad, ya que enfrentan una realidad práctica donde los talleres no aceptan garantías basadas en pólizas ni procedimientos burocráticos, sino que requieren dinero efectivo para iniciar cualquier trabajo.

Este escenario ha generado un clima de incertidumbre y descontento dentro del sector del transporte. En las últimas semanas, se multiplicaron las denuncias provenientes de diversas regiones respecto a fallas mecánicas en motorizados, principalmente vinculadas a la gasolina. Estudios gubernamentales confirmaron irregularidades en el combustible comercializado, responsabilizando a gestiones anteriores por la calidad deficiente. Sin embargo, estas explicaciones no han logrado calmar a los afectados, quienes consideran que el problema persiste y que las soluciones propuestas no responden adecuadamente a sus necesidades.

El representante de la Federación 15 de Abril, Gabriel Pérez, ha expresado abiertamente su escepticismo hacia el anuncio gubernamental sobre el seguro solidario. Según sus declaraciones, esta medida podría interpretarse como una estrategia para distraer o diluir la presión del sector frente a un problema aún sin solución concreta. Esta postura fue comunicada a nivel nacional mediante la Confederación de Choferes de Bolivia, y se evalúa la posibilidad de emprender acciones de protesta una vez concluidas las festividades del Carnaval. La decisión temporal de posponer movilizaciones obedece al deseo de no perjudicar al turismo ni afectar la economía familiar durante estas fechas significativas.

En cuanto al impacto económico directo para los transportistas tarijeños, Pérez destacó al menos dos casos confirmados de vehículos dañados debido a la calidad del combustible. Las reparaciones implican gastos superiores a 20.000 bolivianos, cifra significativa considerando el contexto económico actual que atraviesan estos trabajadores. Esta situación pone en evidencia la vulnerabilidad financiera del sector ante contingencias derivadas del suministro irregular o deficiente de carburantes.

A pesar de cierto diálogo abierto con autoridades gubernamentales y entidades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), todavía no se ha establecido un protocolo claro ni mecanismos coordinados para implementar efectivamente el seguro solidario. Ante esta falta de concreción, el sector enviará solicitudes formales para sostener reuniones con ambas instituciones y buscar soluciones consensuadas.

Uno de los puntos críticos señalados por Pérez es que los transportistas requieren compensaciones económicas directas para afrontar el pago inmediato que exigen los talleres mecánicos. En su experiencia cotidiana, cuando acuden a adquirir repuestos o servicios técnicos, se les solicita dinero efectivo; por ello cuestionan cómo funcionará un sistema basado exclusivamente en seguros que no proveen liquidez inmediata.

La desconfianza tiene también fundamentos históricos recientes. El dirigente recordó anuncios previos realizados por el Gobierno acerca de una reducción en los costos de repuestos e insumos mediante arancel cero; sin embargo, esos compromisos no se materializaron plenamente y los precios continúan siendo elevados para quienes dependen del transporte motorizado como fuente principal de ingresos.

Por su parte, YPFB ha reafirmado que no está contemplada ninguna modalidad que implique pagos directos en efectivo hacia los transportistas afectados. Según su presidente ejecutivo, Yussef Akly Flores, el resarcimiento se realizará exclusivamente mediante un seguro contratado con Unibienes. Este seguro solidario está destinado a cubrir daños ocasionados por gasolina desestabilizada y aplicará solo tras una evaluación técnica rigurosa realizada por peritos especializados junto con representantes aseguradores.

El procedimiento establece que cada reclamo será analizado minuciosamente para confirmar si el daño está efectivamente vinculado al combustible defectuoso antes de activar la cobertura correspondiente. Asimismo, las reparaciones deberán efectuarse únicamente en talleres autorizados bajo estrictos protocolos técnicos definidos previamente por las autoridades competentes.

Con miras a optimizar este proceso y reducir trámites innecesarios para los reclamantes, YPFB ha instalado una mesa técnica integrada por representantes tanto del sector afectado como del asegurador. Esta instancia busca diseñar un procedimiento simplificado que incluya modalidades flexibles como declaraciones juradas e incluso considerará casos donde las reparaciones ya fueron realizadas antes del establecimiento formal del seguro.

No obstante estas medidas organizativas y administrativas orientadas a facilitar el acceso al beneficio asegurador, las autoridades mantienen controles exhaustivos tanto técnicos como administrativos durante todas las fases para evitar fraudes o reclamaciones indebidas. De esta manera se procura garantizar que solo quienes hayan sufrido daños reales relacionados con la calidad del combustible accedan al resarcimiento correspondiente.

Finalmente es importante destacar que los recursos financieros necesarios para cubrir estos costos provienen exclusivamente del seguro contratado y reaseguros internacionales vinculados; no involucran fondos provenientes ni del Tesoro General de la Nación ni directamente desde YPFB. Esto implica un esquema financiero independiente orientado específicamente al cumplimiento puntual con quienes resulten afectados tras ser validados sus reclamos conforme a lo estipulado.

En conclusión, mientras persiste una brecha considerable entre las expectativas y necesidades inmediatas del sector transporte frente al problema generado por combustibles deficientes y la respuesta gubernamental basada en seguros solidarios, continúa instalada una atmósfera tensa marcada por desconfianza e incertidumbre. La falta aún hoy día de mecanismos claros que permitan acceder rápidamente a compensaciones económicas efectivas mantiene vigente un desafío importante para garantizar justicia y respaldo real a quienes dependen diariamente del funcionamiento óptimo sus unidades motorizadas para subsistir económicamente