Transcurridas tres semanas desde el inicio de las investigaciones en el caso Consorcio, una situación particular ha emergido: ninguno de los siete individuos aprehendidos permanece recluido en un centro penitenciario. Incluso aquellos a quienes se les dictó detención preventiva han sido trasladados a establecimientos de salud para recibir atención médica.

De los siete implicados, cuatro cumplen detención domiciliaria, mientras que los tres restantes recibieron la medida de detención preventiva. Estos últimos son el exministro César Siles, la exvocal Claudia Castro y el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza.

El exministro César Siles, a quien se le había asignado el penal de Patacamaya, se encuentra internado en una clínica. Se ha informado que fue sometido a una intervención quirúrgica debido a una afección colorrectal y requiere curaciones continuas.

En el caso de la exvocal Claudia Castro, quien brevemente estuvo en el penal de Obrajes, fue trasladada a un centro médico. Su estado de salud se caracteriza por epilepsia y un cuadro de salmonelosis, condiciones que, según lo expuesto, demandan seguimiento diario y medicación específica, cuya disponibilidad en el país ha sido cuestionada.

Por su parte, el juez Fernando Lea Plaza, destinado a la cárcel de San Pedro, fue hospitalizado. Se ha indicado que sufre de un estado de salud delicado, agravado por un cuadro depresivo.

Los demás aprehendidos cumplen detención domiciliaria. Entre ellos se encuentran el magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia, Iván Campero, y el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia, Yván Córdoba, además de un abogado y un exfuncionario judicial.

Ante esta coyuntura, el representante del Consejo de la Magistratura, Marco Cárdenas, indicó que corresponde al Ministerio Público evaluar tanto el desarrollo de esta circunstancia como el posible impacto del proceso judicial en el estado de salud de los involucrados.

La investigación central del caso Consorcio se enfoca en una presunta red de autoridades que habrían ejercido influencia indebida sobre el juez Lea Plaza para que emitiera una resolución judicial que buscaba la remoción ilegal de una magistrada titular del Tribunal Supremo de Justicia. Evidencias como grabaciones de audio y declaraciones apuntan a la presión ejercida por el exministro y vocales sobre el magistrado para llevar a cabo dicha acción.

Adicionalmente, se ha confirmado la existencia de un prófugo vinculado a esta trama, identificado como la persona que interpuso el recurso legal con el que se pretendía la suspensión de la magistrada.

Actualmente, el expediente del caso se mantiene bajo reserva ampliada por un periodo adicional de diez días, tras la conclusión del plazo inicial