Una semana después de la aprobación unánime del informe final del Senado sobre los acontecimientos del 26 de junio de 2024, nuevas declaraciones de militares y testigos presenciales han reactivado el debate nacional sobre la secuencia de eventos que conmocionaron al país.

El documento legislativo de 112 páginas, ratificado el 27 de octubre, concluyó que el episodio no constituyó un golpe de Estado ni un autogolpe, sino una insubordinación militar encabezada por el entonces comandante del Ejército, el general Juan José Zúñiga Macías, junto a un grupo de oficiales de inteligencia conocidos como Los Pachajchos.

Sin embargo, los testimonios recabados por la Comisión Especial del Senado y las subsiguientes revelaciones públicas de los implicados han sembrado nuevas dudas sobre la actuación del gobierno saliente de Luis Arce, con varios exoficiales sugiriendo su participación o, al menos, su conocimiento del operativo.

La investigación legislativa identifica a cuatro mayores –Leonel Elio Sanjinés Rada, Miguel Fernando Iriarte Sandoval, Waldir Mamani Hidalgo y Luis Domingo Balanza Gerónimo– como parte del círculo de máxima confianza del general Zúñiga. Todos ellos eran miembros de la Compañía de Inteligencia 297, adscrita al Departamento II del Ejército, y desempeñaron un papel crucial en el despliegue de tropas y vehículos blindados hacia la Plaza Murillo, bajo el pretexto de un ejercicio de seguridad. El informe del Senado detalla que el general Juan José Zúñiga Macías y los mencionados oficiales, identificados como Los Pachajchos, dirigieron de manera irregular al personal militar para equiparse y trasladarse a Plaza Murillo bajo el escenario ficticio de un supuesto ejercicio de seguridad. A la fecha, el gobierno de Arce, cuya última reunión de gabinete tuvo lugar el 5 de noviembre, no ha emitido un pronunciamiento formal sobre este informe.

De este grupo, únicamente Balanza y Zúñiga permanecen detenidos, el primero en el penal de Patacamaya y el segundo en El Abra. Los demás fueron puestos en libertad tras acogerse a procesos abreviados, una decisión que la Comisión considera un trato desigual y que, según varios senadores, ha mermado la búsqueda de la verdad material.

De este modo, los testimonios incluidos en el informe senatorial se han convertido en el epicentro del debate público. A diferencia de la versión oficial que presentó el 26J como un golpe fallido, los relatos apuntan a una intrincada cadena de engaños, presiones y omisiones dentro de la propia estructura estatal. Cabe recordar que el entonces ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó un documental en abril de este año con narrativas que fueron posteriormente refutadas, especialmente por la inclusión de analistas en plena fase electoral.

El sargento Alan Condori, conductor del vehículo blindado que impactó la puerta del Palacio Quemado, declaró haber actuado siguiendo órdenes y señaló que, durante la audiencia de apertura de celulares, no se presentó el dispositivo del general Zúñiga, a pesar de haber sido utilizado durante la ocupación de la plaza. Para la Comisión, esta omisión es fundamental: el teléfono de Zúñiga, que contenía información sensible sobre comunicaciones y órdenes, no fue incorporado como evidencia.

El suboficial Demetrio Mamani, integrante de la banda militar del regimiento Ayacucho, relató que fue obligado a suspender sus vacaciones y terminó conduciendo el vehículo donde se encontraba Zúñiga. Su testimonio añade un elemento político inédito: observó al Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, golpear el blindado y al Comandante de la Policía, Álvaro Álvarez Griffiths, subir al vehículo para conversar en privado con Zúñiga. Ninguno de estos detalles figuraba en la investigación fiscal ni en los informes del Ministerio de Gobierno.

El coronel Juan Carlos Delgadillo Guzmán, comandante del regimiento Ayacucho, afirmó haber notado la presencia de periodistas, funcionarios públicos con banderas y policías de la UTOP sin intervenir antes de la irrupción militar. Se escuchaban gritos de Lucho no está solo, lo que le pareció extraño, ya que la Plaza Murillo estaba llena antes de la llegada de las tropas. Este testimonio refuerza la hipótesis de que la movilización fue conocida o permitida por autoridades civiles.

El capitán Miguel Ángel Burgos Daza declaró haber recibido la orden de dar seguridad a Zúñiga, creyendo que se trataba de un simulacro. Aseguró haber presenciado un intercambio entre Zúñiga y Del Castillo antes de la colisión del blindado. Horas después, al ver por televisión la posesión de un nuevo alto mando militar, comprendió que la supuesta operación era algo planificado desde arriba.

El informe del Senado, aprobado con el respaldo de diversas bancadas, recomienda ampliar la investigación a autoridades del Órgano Ejecutivo y cuestiona la omisión del Ministerio Público al no revisar pruebas esenciales. Aunque no incluye al presidente Luis Arce entre los posibles investigados, la publicación del documento ha generado reacciones tanto dentro como fuera del Gobierno.

Los propios implicados, entre ellos Zúñiga e Iriarte, reaparecieron ante la prensa para acusar al Ejecutivo de haber orquestado la trama. Zúñiga afirmó que la operación fue una puesta en escena para justificar detenciones de opositores y lanzar la campaña ‘Lucho Presidente’, la cual un año después perdió fuerza a pesar del documental del Ministerio de Gobierno emitido en abril, justo antes del inicio de la fase proselitista de la campaña electoral de este año. Sostuvo que Arce Catacora pretendía quedarse una gestión más y luego entregar el mando a Del Castillo, con el objetivo de gobernar 20 años, siempre y cuando ganara las elecciones de este año. El plan se habría gestado un año antes de los comicios y en medio de la ruptura con el sector evista. El mayor Miguel Iriarte reforzó esta versión, indicando que el Gobierno tenía todo planificado; nosotros solo cumplimos órdenes.

En respuesta, el viceministro saliente de Régimen Interior, Johnny Aguilera, defendió la tesis oficial, asegurando que el 26J fue un intento real de golpe de Estado y que existen pruebas suficientes contra los militares. Declaró a la prensa que fue un plan armado desde las Fuerzas Armadas para desestabilizar al Gobierno constitucional.

Las dudas se intensificaron en vísperas de la transmisión de mando presidencial del 8 de noviembre, fecha en que el nuevo mandatario Rodrigo Paz Pereira asumirá el poder. En este contexto, las revelaciones del Senado y las acusaciones cruzadas reavivan las tensiones entre el saliente Gobierno del MAS y las Fuerzas Armadas, que exigen el esclarecimiento de las responsabilidades. De hecho, los testimonios y las pruebas no revisadas mantienen viva la controversia. El teléfono celular del general Zúñiga, desaparecido del proceso, se ha convertido en el símbolo de una verdad aún por desvelar