Los magistrados titulares del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) han dado un paso trascendental para enfrentar un problema de larga data que afecta la administración de justicia en el país. En una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Sucre, tres de los cuatro magistrados titulares anunciaron la implementación de jornadas nacionales de descongestionamiento para abordar el acumulado significativo de causas judiciales pendientes. Este acumulado, que supera las 18 mil expedientes, representa una carga heredada de gestiones anteriores y que hasta ahora no ha encontrado una solución efectiva, generando un retraso considerable en la resolución de casos y, por ende, afectando el derecho fundamental a una justicia oportuna.
El magistrado Ángel Edson Dávalos Rojas destacó la importancia de esta iniciativa subrayando que no existe mayor injusticia que una resolución tardía. La demora en la administración judicial no solo representa un perjuicio para las partes involucradas sino que también erosiona la confianza ciudadana en el sistema judicial. Por ello, desde el TCP se ha decidido emprender estas jornadas como un mecanismo urgente para agilizar y dar respuesta a los expedientes pendientes que han quedado rezagados. La medida implica un esfuerzo concertado y coordinado entre diferentes actores del sistema judicial con el fin de superar este cuello de botella.
Estas jornadas nacionales tendrán un carácter itinerante y comenzarán en la ciudad de Cochabamba los días 27 y 28 de febrero. En este primer encuentro se convocará no solo a las autoridades del TCP sino también a vocales, jueces, colegios de abogados y universidades provenientes no solo de Cochabamba sino también de Tarija y Chuquisaca. Esta convocatoria amplia refleja la intención del TCP de articular esfuerzos con diversos actores jurídicos y académicos para abordar integralmente las causas pendientes y buscar soluciones conjuntas que permitan avanzar en la descongestión.
Posteriormente, las jornadas se trasladarán a La Paz, donde se reunirán con autoridades judiciales del departamento paceño así como también con representantes provenientes de Oruro y Potosí. Finalmente, está previsto realizar las terceras jornadas en Santa Cruz, incluyendo a autoridades judiciales locales y representantes de Pando y Beni. Aunque aún no se han definido las fechas precisas para estas últimas dos etapas, esta planificación estratégica apunta a cubrir todas las regiones del eje troncal del país, procurando así una atención descentralizada que incluya a todos los departamentos involucrados.
En paralelo a estas acciones operativas, la presidenta del TCP Paola Verónica Prudencio Candia hizo un llamado directo a la Asamblea Legislativa para acelerar el tratamiento y aprobación del proyecto de ley que establece un régimen transitorio y medidas excepcionales orientadas a garantizar el funcionamiento tanto del Tribunal Constitucional Plurinacional como del Tribunal Supremo de Justicia. La aprobación y promulgación por parte del presidente Rodrigo Paz son vistas como pasos indispensables para fortalecer institucionalmente estos órganos judiciales clave, lo cual repercutirá positivamente en su capacidad operativa para atender eficazmente los casos pendientes.
Además, el TCP espera que el Legislativo avance con celeridad en los procesos correspondientes para completar la Sala Plena establecida por ley. Actualmente hay vacantes significativas: cinco magistraturas pendientes en el TCP y dos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Completar estos cargos es fundamental para asegurar un funcionamiento pleno y efectivo en ambas instituciones, lo cual contribuirá directamente al mejoramiento del sistema judicial en su conjunto.
En suma, esta iniciativa impulsada por los magistrados titulares representa una respuesta decidida ante una problemática estructural que afecta directamente el acceso a la justicia. El compromiso con jornadas nacionales itinerantes refleja una voluntad institucional por enfrentar los retos acumulados, mientras que el llamado al Legislativo subraya la necesidad imperiosa de contar con marcos normativos adecuados y órganos plenamente integrados para garantizar resultados concretos. Para la población involucrada, estos esfuerzos podrían traducirse en tiempos más cortos para obtener resoluciones judiciales justas y oportunas, fortaleciendo así uno de los pilares fundamentales del Estado democrático: la justicia accesible y eficiente
