En un giro de eventos marcado por la tensión, miembros de la Asociación de Personas con Discapacidad de Tarija iniciaron una protesta de alto impacto frente a la sede del gobierno departamental. La acción, que consistió en la crucifixión simbólica de algunos manifestantes, busca ejercer presión sobre las autoridades para que reconsideren un proyecto de ley de emergencia financiera actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa Departamental.
Según declaraciones de Moisés Choque García, representante de la asociación y uno de los participantes en la crucifixión, la organización planea intensificar sus medidas de protesta. Choque García mencionó la posibilidad de extender las manifestaciones a otros puntos de la ciudad, incluyendo la estructura peatonal conocida como pasarela del Campesino, con el objetivo de forzar un diálogo directo con el gobernador.
El vocero de la asociación expresó su descontento ante la falta de comunicación por parte del gobierno departamental, alegando que, a diferencia de otros sectores sociales, no han sido convocados a discutir sus preocupaciones. Choque García sugirió que las autoridades estarían buscando establecer conversaciones con grupos minoritarios para debilitar la posición de la asociación, la cual se presenta como la entidad legalmente reconocida para representar a las personas con discapacidad en la región.
La controversia central gira en torno al proyecto de Ley de Emergencia Financiera, que, según los manifestantes, podría poner en riesgo la continuidad de programas sociales esenciales. Específicamente, temen que la nueva legislación derive en la anulación de las leyes N 427 y N 225, que garantizan la provisión de paquetes alimentarios para personas con discapacidad y personas no videntes.
En respuesta a las movilizaciones, María Esther Valencia, directora del Servicio de Gestión Social (SEDEGES) del gobierno departamental, desestimó las protestas, calificándolas como una maniobra con motivaciones políticas. Valencia sostuvo que el gobernador ya había tomado medidas para atender las inquietudes del sector, solicitando formalmente a la Asamblea Legislativa la suspensión del tratamiento del controvertido proyecto de ley.
La directora del SEDEGES lamentó lo que describió como la instrumentalización política de las personas con discapacidad por parte de ciertos actores vinculados al Movimiento Al Socialismo (MAS). Según Valencia, estos operadores políticos estarían desinformando y alentando a la movilización, pese a que, en su opinión, no existiría fundamento para la protesta, dado el compromiso del gobernador de no impulsar la ley cuestionada.
Valencia instó a los manifestantes a reconsiderar su postura y a levantar las medidas de presión, reafirmando que el suministro de los paquetes alimentarios no se encuentra en peligro y que el gobierno departamental ha demostrado su voluntad de no proceder con la ley que genera la controversia
