La situación del sistema de salud público en la región ha alcanzado un punto crítico, marcada por una persistente disputa en torno a la asignación de recursos. La administración departamental ha manifestado reiteradamente que el Gobierno central no ha cumplido con la transferencia de los fondos comprometidos para el Sistema Único de Salud (SUS), esenciales para la adquisición de medicamentos e insumos vitales en los hospitales de tercer nivel. Mientras tanto, desde la cartera de salud nacional se mantiene un perfil bajo, a pesar del creciente malestar entre los pacientes y la presión sobre las autoridades locales.
La deuda acumulada representa una carga significativa para la operación hospitalaria. Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Gobernación han confirmado que, desde enero del presente año, únicamente se ha efectuado un desembolso parcial de los fondos del SUS. A pesar de haber remitido múltiples comunicaciones al Ministerio de Salud, no se ha obtenido una respuesta concreta hasta la fecha. Se esperaba que las transferencias se realizaran cada cuatro meses; sin embargo, transcurridos siete meses del año, solo se ha recibido el pago inicial, lo que genera un perjuicio considerable en la operatividad de los centros hospitalarios.
Para el ejercicio actual, se había proyectado un presupuesto de 54 millones de bolivianos destinados al SUS en la región, abarcando instituciones clave como el Hospital Regional San Juan de Dios, el Materno Infantil, el Hospital Virgen de Chaguaya en Bermejo y el Instituto de Drogodependencias y Salud Mental. No obstante, el incumplimiento en los desembolsos ha obligado a la Gobernación a utilizar recursos propios y reservas para mantener la atención, aunque se advierte que esta situación es insostenible a largo plazo. La escasez de fondos está dejando a los pacientes sin acceso a medicamentos e insumos básicos, y las quejas en hospitales y farmacias internas se incrementan día a día.
Los principales afectados por esta situación son los ciudadanos que requieren tratamientos continuos o atención de emergencia. En el Hospital Regional San Juan de Dios, se ha constatado que la falta de medicamentos ha llevado a los familiares de los enfermos a adquirir fármacos por su cuenta, a pesar de que el SUS garantiza la gratuidad de la atención. Pacientes y sus allegados relatan la dificultad de acceder a medicinas en las farmacias hospitalarias, viéndose obligados a comprarlas en establecimientos privados a precios elevados.
Profesionales de la salud también han expresado su profunda preocupación. Representantes del gremio médico han señalado la insuficiencia de insumos básicos y de personal para asegurar una atención adecuada. Además, la falta de recursos impide el mantenimiento de equipos y la infraestructura, que muestra un deterioro progresivo. La carencia de medicamentos del SUS, sumada al encarecimiento en farmacias privadas, lleva a algunas familias a evitar que sus seres queridos ingresen a terapia intensiva, debido al elevado costo diario de los tratamientos, que puede superar los 2.000 bolivianos.
Desde el Ministerio de Salud, la postura oficial ha sido el silencio. Sin embargo, información extraoficial sugiere que la demora en las transferencias se debe a problemas financieros en el Ministerio de Economía, indicando una falta de disponibilidad inmediata de recursos. Anteriormente, en abril, la dirección del SUS había negado retrasos atribuibles al Gobierno central, asegurando que el 1 de enero se transfirieron 16.7 millones de bolivianos a la Gobernación de Tarija, distribuidos entre los cuatro hospitales de tercer nivel: 9.9 millones al HRSJD, 2.7 millones al Materno Infantil, 2.4 millones al Hospital Virgen de Chaguaya y 1.7 millones al Intraid. En aquella ocasión, se argumentó que la ejecución de estos recursos había sido desigual y que algunos hospitales aún disponían de fondos para la compra de medicamentos. A pesar de estos desembolsos iniciales, varios establecimientos de salud han reportado dificultades en la adquisición de medicamentos, principalmente por la escasa participación de proveedores en los procesos de licitación, quienes evitan ofertar debido a los bajos precios referenciales establecidos, operando con costos asociados al mercado paralelo de divisas.
La crisis sanitaria no se limita a los hospitales de tercer nivel en la región, sino que se ha extendido a todos los municipios del departamento, generando tensiones entre las autoridades locales y departamentales por la responsabilidad del financiamiento. En este contexto, autoridades municipales han instado al Gobierno nacional a asumir plenamente su responsabilidad en materia de salud, argumentando que el nivel central retiene un porcentaje significativo de los ingresos por coparticipación tributaria, lo que limita la capacidad de inversión de las administraciones subnacionales
