La Asamblea Departamental de Tarija ha dado un paso inicial significativo en el tratamiento de una legislación destinada a reconfigurar su composición. La directiva de la institución legislativa convocó a una reunión clave con los jefes de las diferentes bancadas políticas, un encuentro que se centró en el análisis de la propuesta de ley que busca disminuir el número de asambleístas.
Durante esta reunión, los líderes de bancada lograron establecer un esquema de trabajo preliminar. Este esquema contempla la creación de una comisión especial, la cual se encargaría de estudiar y elaborar un proyecto de ley concreto sobre esta materia. Actualmente, este esquema se encuentra en proceso de consulta interna dentro de cada una de las bancadas representadas en la asamblea. Se anticipa que, en los próximos días, posiblemente el miércoles de la semana entrante, se convoque a una sesión plenaria. El objetivo principal de esta sesión sería formalizar la conformación de la mencionada comisión especial y, de esta manera, impulsar el avance del proyecto legislativo.
Existe un consenso generalizado sobre la importancia de avanzar en este tema dentro de la Asamblea Departamental. La expectativa es que, una vez constituida la comisión especial, se logre un rápido acuerdo para consensuar un texto de ley que pueda ser sometido a votación en el pleno. Se destaca el hecho de haber reunido a los jefes de bancada como un avance sustancial, ya que en dicho encuentro se alcanzaron acuerdos fundamentales que ahora están siendo considerados por las distintas fuerzas políticas.
Es importante recordar que, inicialmente, la Asamblea Departamental recibió cinco proyectos de ley diferentes que abordaban la reducción del número de asambleístas. Tras una revisión inicial, uno de estos proyectos fue retirado por su proponente, y otros dos fueron devueltos a sus autores para que realizaran complementaciones. Respecto a los proyectos restantes, las comisiones legislativas correspondientes emitieron informes sobre dos de ellos. Uno, presentado por la bancada de Unidos, recibió un informe favorable. El segundo, impulsado por el asambleísta Eider Quiroga, obtuvo un informe positivo por mayoría, aunque también generó un informe de rechazo por parte de la minoría.
En una sesión plenaria reciente, se dio inicio al debate sobre el proyecto de ley, pero no se logró concretar la formación de la comisión especial necesaria para profundizar en los consensos. La meta principal es alcanzar un acuerdo amplio dentro de la Asamblea Departamental que permita la aprobación de esta ley. Se busca que la reducción en el número de asambleístas pueda implementarse ya en las próximas elecciones subnacionales programadas para el año 2026.
Para que esta reducción sea efectiva, es imprescindible someter la propuesta a consulta ciudadana a través de un referendo. Se estima que, para cumplir con los plazos previstos y que la ley pueda aplicarse en el siguiente proceso electoral, la aprobación de la legislación debería concretarse, a más tardar, a mediados del mes de mayo. Una vez aprobada la ley, se deberá proceder a la elaboración de la pregunta para el referendo y asignar un presupuesto para la realización de dicha consulta pública. Se prevé que el referendo podría llevarse a cabo en el segundo semestre del presente año, idealmente después de las elecciones nacionales programadas para agosto.
Se subraya que, para cumplir con el cronograma, la ley debe ser aprobada en un plazo máximo hasta mediados de mayo. Posteriormente, se iniciarán los trámites correspondientes ante el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para la aprobación de la pregunta del referendo. El órgano electoral será el encargado de programar la fecha del referendo, para lo cual se estima un plazo de 90 días para su organización y ejecución. Se considera que, a pesar de los retrasos acumulados, todavía es factible cumplir con estos plazos y llevar a cabo el referendo antes de finalizar la presente gestión.
Existe un amplio respaldo entre los legisladores departamentales a la propuesta de reducir el número de asambleístas, especialmente considerando el contexto económico actual del departamento de Tarija. Esta medida se percibe como una respuesta responsable a la nueva realidad financiera y como un gesto de austeridad y eficiencia en la gestión pública
