La administración departamental de Tarija enfrenta significativas limitaciones presupuestarias que dificultan la continuidad de ciertos compromisos financieros que, según sus autoridades, exceden su ámbito de competencia principal. Entre estas obligaciones se destaca el bono de vacunación, un desembolso que actualmente asciende a aproximadamente 8 millones de bolivianos.

A pesar de los esfuerzos coordinados en el sector salud, que incluyen la realización de mesas técnicas y reuniones con la comunidad, la situación económica del departamento no permite sostener este tipo de erogaciones. La administración ha señalado que, desde hace tiempo, se ha advertido sobre la insuficiencia de recursos para mantener estas responsabilidades. Incluso la ciudadanía ha manifestado la necesidad de reasignar estas obligaciones a otras instancias competentes.

Se ha observado que el bono de vacunación, concebido inicialmente para el personal de salud directamente involucrado en las campañas de inmunización, se ha extendido a personal administrativo y de apoyo, lo que ha incrementado considerablemente el gasto. Este monto genera una tensión considerable en las finanzas departamentales.

La situación se ve agravada por una marcada disminución en los ingresos por regalías. Mientras las proyecciones iniciales estimaban entre 30 y 34 millones de bolivianos mensuales, los ingresos actuales no superan los 25 millones, lo que ha provocado un desequilibrio presupuestario.

La administración se ve ante la disyuntiva de dónde recortar fondos si se mantiene esta erogación, planteando interrogantes sobre el impacto en servicios esenciales para pacientes, menores y adultos mayores. Se ha puesto de manifiesto que, a diferencia de otras regiones donde se registran problemas como motines en centros penitenciarios por falta de pagos, en Tarija se están cumpliendo las obligaciones.

En este contexto, el gobierno departamental reitera la urgencia de reestructurar las competencias y responsabilidades de manera equitativa y realista, con el fin de asegurar que los recursos disponibles sean asignados a las verdaderas prioridades del departamento