La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) promulgó en julio una normativa que busca reducir significativamente el número de sus miembros, pasando de treinta a diecisiete legisladores. Sin embargo, la implementación de esta reforma se encuentra en un punto crítico, ya que su aplicación en las próximas elecciones subnacionales pende de un pronunciamiento indispensable del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
A pesar de que la ley fue remitida al TCP hace más de dos meses, el organismo judicial aún no ha emitido una resolución sobre su constitucionalidad. Este retraso es notorio, considerando que el plazo establecido para la admisión de tales normativas es de apenas diez días hábiles. La dilación en este proceso genera un escenario que, según expertos, imposibilita la aplicación de la reducción de asambleístas en la siguiente legislatura.
Ante esta situación, se ha propuesto una vía alternativa: incorporar una disposición excepcional en la ley de convocatoria a las elecciones subnacionales. Esta medida permitiría que la disminución del número de legisladores entre en vigor a partir del año 2026, aunque requeriría la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Asimismo, se ha señalado la urgencia de que Tarija cuente con su propia ley electoral departamental, un proyecto que la ALDT tiene previsto aprobar en el transcurso del presente mes.
El procedimiento habitual tras la aprobación de una ley de esta índole contempla su envío al TCP y, posteriormente, la convocatoria a un referéndum para la modificación del Estatuto Autonómico. No obstante, los plazos ajustados han impedido el avance de este proceso.
La justificación primordial para esta reforma radica en la necesidad de adaptar la estructura legislativa a la actual realidad económica del departamento. Tarija ya no dispone de los mismos recursos que sustentaron la configuración original de la Asamblea, lo que hace imperativa una adecuación presupuestaria y funcional. Además de la reducción de legisladores titulares, la nueva ley también prevé la supresión de la figura de los asambleístas suplentes, que representan un costo adicional para el departamento, y la eliminación de los subgobernadores.
En un esfuerzo por legitimar la propuesta frente a las demoras institucionales, la ALDT ha iniciado acercamientos con diversas organizaciones cívicas y sociales, buscando un respaldo conjunto que fortalezca la reforma ante la opinión pública. Por el momento, la decisión final sobre la composición de la futura legislatura departamental permanece en suspenso, a la espera de la determinación del TCP, que será crucial para definir el rumbo político y administrativo de Tarija
