Las autoridades municipales del departamento de Tarija han manifestado una profunda preocupación ante las repercusiones que ha generado el reciente ajuste en los precios de los carburantes a nivel nacional, establecido mediante el Decreto Supremo 5516. Esta medida, que implicó la eliminación de la subvención estatal a los combustibles, ha tenido un impacto directo y negativo en la ejecución de proyectos y obras civiles en diversas provincias de la región, provocando incluso la paralización de trabajos esenciales para el desarrollo local.

El alcalde del municipio de Yunchará, Agustín Casasola, detalló que para la gestión 2025 los gobiernos municipales elaboraron sus Planes Operativos Anuales (POA) contemplando partidas presupuestarias específicas destinadas a la adquisición de diésel y gasolina. Estos recursos estaban previstos para garantizar el funcionamiento óptimo de maquinaria pesada, vehículos institucionales y unidades de servicio público que son fundamentales para llevar adelante obras civiles y cubrir actividades operativas en las diferentes comunidades. Sin embargo, con la eliminación gradual o total de las subvenciones a los carburantes, los costos se incrementaron considerablemente, dejando a muchas alcaldías sin fondos suficientes para adquirir estos insumos básicos. Esta situación ha resultado en una paralización significativa de proyectos que antes eran considerados prioritarios para el desarrollo local.

Desde el ámbito campesino, esta problemática ha sido igualmente denunciada con preocupación. Tomás Velázquez, secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), subrayó que el abandono en el mantenimiento de caminos vecinales e interprovinciales afecta directamente a las comunidades rurales. Los caminos son arterias vitales para la comunicación, transporte de productos agrícolas y acceso a servicios básicos; sin embargo, la falta de recursos para comprar combustibles ha imposibilitado realizar trabajos necesarios para su conservación y reparación. Esto agrava la situación logística y limita el desarrollo productivo campesino.

Además, Velázquez enfatizó que esta crisis no solo afecta la infraestructura vial sino también compromete el avance de proyectos productivos en las zonas rurales. La maquinaria agrícola y los vehículos utilizados para transportar insumos y productos requieren diésel y gasolina para operar. La insuficiencia presupuestaria derivada del aumento en los precios del combustible pone en riesgo estas actividades económicas fundamentales para las comunidades campesinas, generando un círculo vicioso donde la falta de recursos limita la producción, lo que a su vez perjudica la economía local.

El Decreto Supremo 5516 establece con claridad los nuevos precios finales al consumidor para los combustibles: Gasolina Especial a 6,96 bolivianos por litro; Diésel Oíl a 9,80 bolivianos por litro; y Gasolina Premium a 11,00 bolivianos por litro. Estos ajustes representan un incremento considerable respecto a los precios anteriores con subsidio estatal, lo cual tiene una repercusión directa sobre el presupuesto municipal destinado al transporte y mantenimiento vial.

En resumen, el aumento en los costos del diésel y gasolina ha generado un efecto dominó en Tarija que afecta tanto al sector público como al campesinado. La paralización o retraso en obras civiles esenciales compromete el desarrollo territorial y limita la provisión eficiente de servicios públicos e infraestructura básica. Asimismo, las dificultades económicas impactan negativamente sobre las actividades productivas rurales que dependen del combustible como insumo indispensable. Este escenario plantea un desafío urgente para las autoridades locales y nacionales respecto a cómo garantizar recursos adecuados para mantener operativas las maquinarias e impulsar proyectos que contribuyan al bienestar y progreso sostenible del departamento