Informes internos de Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), a los que tuvo acceso EL DEBER, han revelado una serie de irregularidades vinculadas a la carga transportada en tres vuelos provenientes de Miami, Estados Unidos, que generaron alarma por el hallazgo de sustancias ilícitas ocultas en encomiendas. En total, se detectaron 369 kilos de marihuana líquida, conocida también como ICE, camuflados dentro de diversas cargas que incluían amplificadores de sonido y maquinaria industrial, lo que evidencia un sofisticado método para el tráfico ilegal a través del transporte aéreo.
Estos reportes confidenciales llevaron al director regional de TAB en Santa Cruz, coronel Jhonny Jesús Torrico Padilla, a recomendar formalmente la apertura de procesos legales contra varias empresas involucradas en la cadena logística de estas cargas. Entre las señaladas se encuentran tanto la empresa tercerizada responsable de la recepción y manejo inicial en Miami como otras cinco firmas que actúan como agentes aduaneros, remitentes y consignatarios. Torrico enfatizó que el personal operativo de TAB no mantuvo contacto directo con las encomiendas contaminadas, deslindando así a la aerolínea estatal de responsabilidad directa en el transporte del material ilícito.
En su informe oficial G.R.SRZ TAB N° 004/2026, dirigido al gerente general de TAB, coronel Jimmy Sergio Villarreal, Torrico detalla que una primera empresa observada fue Worldwide Flight Services (WFS), encargada de los servicios tercerizados para TAB y responsable del manejo inicial y recepción de las cargas en Miami. También se identificó a Harbor Freight Tools (HFT) como remitente estadounidense; a PJM Srl., empresa consignataria en Bolivia que emitió una carta justificativa por diferencias detectadas en el peso declarado; y a Cruzben, agencia despachante representada por Jorge Villarroel, quien presentó documentos con intentos formales de justificar irregularidades para facilitar el retiro de la carga observada.
El contexto temporal y logístico es relevante: según el informe emitido por Torrico, uno de los envíos fue tramitado el 20 de enero por HFT en Miami y llegó al aeropuerto Viru Viru en Santa Cruz el 2 de febrero. Sin embargo, informes complementarios de la Aduana Nacional apuntan a que la carga con droga habría tenido su origen real en Tampa, Florida, utilizando Miami solo como punto intermedio o escala. Esta información apunta a una red compleja y organizada para encubrir el origen real del envío.
TAB señala discrepancias importantes entre los pesos declarados inicialmente y los realmente recibidos. Por ejemplo, un primer lote enviado por HFT registraba un peso declarado original de 200 kilos; sin embargo, solo 91,5 kilos llegaron físicamente a Bolivia debido a que las autoridades aduaneras estadounidenses retuvieron el resto para inspección. A pesar de esta retención parcial por parte de las autoridades norteamericanas, en Santa Cruz se intentó justificar las diferencias mediante una carta presentada por Cruzben. En dicha comunicación firmada por Jorge Villarroel se argumentaba un supuesto error en la conversión entre kilos y libras para explicar el faltante —una excusa que fue rechazada tras los análisis técnicos realizados por TAB.
El segundo envío involucró tres bultos con un peso total declarado de 120 kilos enviados desde Miami el 21 de enero y arribados también al aeropuerto Viru Viru el 2 de febrero. Esta carga estaba destinada a Osfteme SRL en Santa Cruz y fue gestionada para su retiro por Raúl Limpias, representante legal de Aduabol SRL. Nuevamente, se recomendó iniciar acciones legales contra todas las empresas implicadas en esta operación irregular.
El tercer caso documentado corresponde a una guía aérea distinta (901-12975653), entregada a TAM Miami por Ideal Cargo el 6 de febrero y llegada al aeropuerto boliviano dos días después. El remitente identificado fue Josías de Sousa Castro mientras que Jorge Luis Heredia Sosa aparecía como consignatario. La gestión del retiro estuvo a cargo de Delia Velarde Delgadillo perteneciente a Vago Group Srl., otra agencia despachante implicada indirectamente.
La investigación interna pone especial énfasis en WFS debido a su papel fundamental como receptor inicial en Estados Unidos; esta empresa debía someter todas las cargas a rigurosas verificaciones materiales y legales antes del despacho final hacia Bolivia. Entre estas inspecciones debía incluirse escaneo con rayos X y controles coordinados con la autoridad aduanera estadounidense U.S. Customs and Border Protection (CBP). La detección fallida o manipulación durante este proceso podría haber facilitado la introducción ilícita del narcótico camuflado.
TAB es una entidad dependiente directamente de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), lo cual añade un componente institucional relevante ante este tipo situaciones sensibles relacionadas con seguridad aérea y lucha contra el narcotráfico. El comandante general Sergio Lora ratificó públicamente que ningún miembro del personal operativo manipuló directamente la carga cuestionada durante su tránsito dentro del territorio nacional. Además destacó que fueron funcionarios especializados de la Aduana Nacional quienes realizaron las inspecciones finales obligatorias sobre estas encomiendas dentro del país; precisamente ellos detectaron la presencia del estupefaciente e informaron inmediatamente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) para proceder conforme al marco legal vigente.
Este caso pone sobre relieve los desafíos constantes que enfrentan las aerolíneas estatales frente al tráfico ilícito internacional mediante envíos comerciales aparentemente legítimos. La compleja cadena logística internacional —que abarca desde remitentes hasta agencias despachantes— requiere controles exhaustivos y coordinación multinacional para evitar vulnerabilidades explotables por redes criminales dedicadas al narcotráfico. Para la población boliviana y las instituciones encargadas del control fronterizo resulta fundamental fortalecer estos mecanismos preventivos para garantizar tanto la seguridad nacional como la transparencia operativa dentro del sector aéreo estatal
