La reciente decisión de suspender las elecciones para los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha generado un clima de tensión en el ámbito político y judicial de Bolivia. Esta medida, que afecta a varios departamentos como Beni, Pando, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, ha dejado en el aire las elecciones judiciales programadas para el 1 de diciembre, tras la declaración de desierto en ciertas regiones.

La resolución ha suscitado críticas contundentes, especialmente de aquellos que esperaban un cambio en la composición de los tribunales. Marcela Guerrero, presidenta de la Comisión Jurídica del Consejo Municipal de Tarija, ha manifestado su descontento con el TCP, señalando que la falta de claridad en sus decisiones socava la seguridad jurídica y alimenta la desconfianza en el proceso electoral.

Guerrero ha hecho hincapié en que, en lugar de proporcionar certidumbre, las autoridades parecen optar por la confusión. La jurista considera que la prórroga de los mandatos actuales y la suspensión de las elecciones benefician a ciertos sectores que buscan mantener su influencia en el poder. Además, ha resaltado que este escenario implica una pérdida considerable de recursos que se habían destinado a un proceso que, al no llevarse a cabo, infringe los principios de preclusión y transparencia del sistema judicial.

El malestar también ha sido expresado por el alcalde de Tarija, Jhony Torres, quien ha calificado la situación como un indicativo de la crisis que atraviesa el país. En sus declaraciones, Torres ha calificado las decisiones del TCP como una “aberración jurídica”, advirtiendo que este precedente podría tener repercusiones significativas en la historia nacional.

El alcalde ha criticado la aparente selectividad del TCP, que permite elecciones en otros ámbitos pero excluye los puestos judiciales en ciertas regiones. Torres ha subrayado que este comportamiento pone en riesgo la legitimidad del sistema electoral y judicial, describiéndolo como un abuso de poder que podría llevar a un debilitamiento de la democracia. Ha instado al Legislativo a abordar esta problemática con urgencia, advirtiendo que, de no hacerse, se podría estar cimentando un sistema que se aleja de las garantías constitucionales