La reciente aprobación del Decreto Supremo 5547, que establece un arancel cero para la importación de soya hasta el 31 de diciembre, ha generado una fuerte reacción dentro del sector productivo cruceño. Este sector, que agrupa a los principales productores de oleaginosas y trigo, ha manifestado su preocupación y cuestionamientos respecto a la necesidad y pertinencia de esta medida en un contexto donde la producción nacional ya supera ampliamente el consumo interno.

Según los representantes de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), tanto el actual presidente como un expresidente coinciden en que Bolivia cuenta con excedentes suficientes para abastecer no solo al mercado interno, sino también para mantener una presencia sólida en los mercados internacionales. Esta situación pone en duda la justificación oficial para permitir la entrada sin aranceles de soya importada, lo cual podría afectar directamente a los productores locales.

El presidente actual de Anapo, Abraham Nogales, enfatizó que la producción nacional excede en más del 80% la demanda interna, lo que implica que el país tiene capacidad más que suficiente para satisfacer su consumo y aún generar volúmenes exportables. En este sentido, consideró innecesaria la reciente disposición gubernamental, aunque respetó la decisión tomada por las autoridades. Sin embargo, también hizo hincapié en otro aspecto crítico para el sector: las restricciones vigentes sobre los cupos de exportación. Según Nogales, estas limitaciones continúan siendo un obstáculo importante para que los productores puedan aprovechar plenamente los mercados externos y obtener mejores ingresos.

Esta situación refleja tensiones entre las políticas gubernamentales destinadas a regular el comercio exterior y las demandas del sector productivo local. Por un lado, la eliminación temporal del arancel puede estar orientada a estabilizar precios o asegurar abastecimiento ante eventuales fluctuaciones internacionales; pero por otro lado, genera inquietudes sobre el impacto competitivo que podría tener sobre los agricultores nacionales, quienes ya cuentan con una producción robusta y excedentaria.

El debate se centra entonces en encontrar un equilibrio entre proteger a los productores nacionales y responder a necesidades macroeconómicas o estratégicas del país. La medida aprobada podría tener implicaciones directas en los precios internos, en la rentabilidad de los agricultores locales y en la dinámica comercial con países vecinos o mercados internacionales. Además, la persistencia de cupos restrictivos para exportar limita las posibilidades reales de crecimiento del sector agrícola boliviano.

En definitiva, esta situación pone sobre la mesa la necesidad de revisar integralmente las políticas agrícolas y comerciales relacionadas con la soya, uno de los cultivos más importantes para Bolivia. La demanda interna relativamente baja frente al volumen producido invita a reflexionar sobre cómo optimizar tanto el consumo local como las oportunidades exportadoras. Al mismo tiempo, es fundamental garantizar condiciones justas para los productores nacionales frente a posibles importaciones que podrían competir con su oferta.

La aprobación del arancel cero hasta finales de año se convierte así en un punto crítico para el futuro del sector oleaginoso boliviano, especialmente en Santa Cruz donde se concentra gran parte de esta actividad productiva. Los actores involucrados esperan que junto con esta medida se revisen también las restricciones actuales a las exportaciones para permitir una mayor libertad comercial que impulse el desarrollo agrícola y económico regional y nacional