Por quinto día consecutivo, sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) llevaron a cabo movilizaciones en rechazo al decreto que eliminó la subvención a los combustibles, un beneficio vigente durante más de dos décadas. La COB mantiene una huelga indefinida que, hasta el momento, es acatada únicamente por los mineros estatales, aunque el sindicato ha anunciado la implementación de nuevas formas de protesta.

El líder máximo de la COB, Mario Argollo, señaló que el decreto está orientado a favorecer principalmente a las grandes empresas transnacionales, agroindustriales y empresarios, mientras que para la población en general implica un mayor ajuste económico. Argollo lamentó que sus afiliados se encuentren movilizados lejos de sus familias durante la temporada festiva, enfatizando que la demanda es justa y no responde a intereses sectoriales ni políticos.

La manifestación de este viernes recorrió las principales calles de La Paz, la sede del Gobierno y del Legislativo, coincidiendo con un feriado nacional establecido para impulsar el turismo en esta época del año. La huelga general indefinida, convocada desde el lunes por la COB, ha sido acatada mayoritariamente por los mineros estatales, mientras que otros sectores como transportistas, comerciantes y mineros cooperativistas han suspendido sus protestas tras llegar a acuerdos con el Ejecutivo.

Los dirigentes de la COB sostuvieron una reunión con el presidente Rodrigo Paz, sin lograr un consenso, ya que el sindicato condicionó la continuidad del diálogo a la derogación previa del decreto, una medida que el Gobierno ha descartado. El decreto 5503, vigente desde hace poco más de una semana, estableció un aumento significativo en los precios de los combustibles, con incrementos del 86 % en la gasolina y del 162 % en el diésel, en comparación con los costos subvencionados anteriormente.

En paralelo, el Ejecutivo implementó un aumento del salario mínimo, que pasó de 2.750 a 3.300 bolivianos (aproximadamente de 395 a 474 dólares), así como incrementos en el bono para estudiantes del sistema público y en la renta destinada a adultos mayores sin aportes a la seguridad social. El Gobierno sostiene que la eliminación de la subvención era insostenible y que esta medida ha permitido garantizar el suministro de diésel y gasolina, que durante casi un año y medio fue escaso, además de generar un ahorro diario para el Estado estimado en 10 millones de dólares