Cada año, miles de mujeres enfrentan un desafío enorme: denunciar la violencia de género. En 2024, según datos del Ministerio Público, 50.324 mujeres tomaron esta difícil decisión con la esperanza de encontrar justicia. Sin embargo, lo que muchas no imaginan es el desgaste y la frustración que enfrentarán en un sistema judicial que, lejos de protegerlas, a menudo termina beneficiando a los agresores.
El camino judicial es largo y tortuoso. Más allá de la burocracia y la lentitud de los procesos, existe otro factor que agrava la situación: la falta de rigor en la aplicación de la justicia con la debida diligencia y transparencia. Esto perpetúa un sistema que, en lugar de garantizar una justicia pronta y oportuna, desalienta a las víctimas y refuerza el círculo de la impunidad.
El problema no es solo la demora, sino la manera en que las propias instituciones reproducen la violencia. La revictimización es constante: se cuestiona a la víctima, se minimiza su testimonio y, en muchos casos, se prioriza el derecho del agresor sobre la seguridad y el bienestar de la denunciante. No se trata de fallas aisladas, sino de prácticas arraigadas en estereotipos que siguen normalizando la violencia de género y justificando la impunidad.
Las mujeres que denuncian no solo deben enfrentarse a su agresor, sino también a un sistema que las desgasta y, en muchos casos, las hace desistir. La sensación de abandono es real. Muchas llegan a preguntarse si valía la pena denunciar, si todo el proceso solo las expone a más sufrimiento sin ninguna garantía de justicia. Si el arrepentimiento matara, quizás habríamos perdido a muchas de ellas en el camino.
Si queremos un cambio real, es imprescindible exigir a las autoridades judiciales mayor transparencia y un compromiso efectivo con la justicia de género. La capacitación de los operadores judiciales en perspectiva de género no puede ser un simple trámite, sino una práctica efectiva. Los procesos deben priorizar la atención integral y la protección de las víctimas, evitando mecanismos que perpetúan la impunidad.
Las 50.324 mujeres que denunciaron en 2024 merecen algo mejor. Merecen un sistema que no las revictimice, que no negocie su derecho a la justicia y que garantice que su valentía no sea en vano.
LA COLUMNA DE JINKY
JINKY IRUSTA ULLOA
Abogada. Directora de la Oficina Jurídica para la Mujer y la Fundación Kallpa
jinky.irusta@gmail.com

FUENTE: www.opinion.com.bo/