La empresa distribuidora de energía eléctrica de Tarija, Setar, ha condicionado la continuidad de la recaudación de la tasa de aseo urbano para la Entidad Municipal de Aseo de Tarija (EMAT) a la recepción de una solicitud formal por parte de esta última. La compañía ha manifestado que dejará de realizar este cobro si no recibe la documentación que justifique su permanencia.
Según la gerencia de Setar, la entidad requiere una comunicación oficial de EMAT que reconozca el vencimiento de los plazos establecidos por una sentencia constitucional y una resolución de la Autoridad de Energía. Estos plazos, que expiraron el 12 de agosto, estaban destinados a la formalización de un nuevo convenio entre ambas partes. La carta solicitada permitiría a Setar justificar ante la Autoridad de Energía la continuidad del cobro y, posteriormente, dar inicio a mesas técnicas de trabajo.
A pesar de una reunión sostenida hace más de una semana, específicamente el 20 de octubre, donde se acordó que el director de EMAT enviaría la nota con el contenido específico, Setar lamenta no haberla recibido. La empresa de energía insiste en que la solicitud debe abordar el reconocimiento del vencimiento de los plazos y la petición de una ampliación, junto con el inicio de las mesas técnicas.
En contraste, Setar ha recibido otra comunicación de EMAT que, en lugar de la solicitud requerida, propone la firma directa de un nuevo convenio. La distribuidora eléctrica ha aclarado que, si bien EMAT ya cuenta con sus propias tasas de recojo de basura, la prioridad es resolver la situación actual del cobro antes de proceder con un nuevo acuerdo. Setar reitera su disposición a firmar un convenio futuro, pero subraya la necesidad de la nota justificativa para el cobro que actualmente realiza, dado que el plazo del convenio vigente concluyó en agosto.
Mientras tanto, el sindicato de EMAT, a través de su representante Mario Vilca, ha reconocido la naturaleza técnico-administrativa del conflicto. Sin embargo, ha instado a la gobernación y a Setar a mostrar voluntad para encontrar una solución. Vilca, junto a otros trabajadores, ha advertido sobre la posibilidad de adoptar medidas de presión contra ambas instituciones si el problema no se resuelve, señalando que la situación podría agravarse a partir del 1 de noviembre y que sus fuentes de empleo se encuentran en riesgo
