La gestión de la recolección de residuos urbanos, una función que tradicionalmente Setar ha desempeñado en nombre de EMAT, se encuentra en un punto crítico debido al vencimiento de su convenio y a una serie de desacuerdos. El acuerdo original para que Setar incluyera la tasa de aseo en sus facturas de electricidad expiró en octubre de 2021.

Desde entonces, Setar ha insistido en la necesidad de que la municipalidad actualizara la tasa de recojo de basura, vigente desde 2008, y formalizara un nuevo convenio. Esta acción por parte del gobierno municipal no se concretó sino hasta 2023, después de múltiples prórrogas y el cumplimiento de plazos establecidos por la autoridad reguladora de electricidad.

Ante la decisión inicial de Setar de suspender el cobro de esta tasa, la municipalidad interpuso una Acción Popular. La Justicia, en una primera instancia, ordenó a Setar continuar con la recaudación para prevenir un impacto ambiental adverso derivado de la interrupción del servicio de recolección. Este fallo fue apelado y, en una instancia superior, se emitió una sentencia definitiva.

Dicha sentencia otorgó al alcalde y al director de EMAT un plazo de seis meses, posteriormente extendido a un año por la Autoridad de Electricidad, para cumplir con la normativa. Esto implicaba la emisión de una ordenanza con nuevas tasas, su publicación, socialización, reglamentación y la posterior negociación de un nuevo convenio con Setar. El plazo final para estas acciones venció el 12 de agosto de 2025.

La gerencia de Setar comunicó al municipio el vencimiento de este plazo, indicando que, si bien continuaría cobrando la tasa, lo haría mediante un recibo endosado a la factura eléctrica. Sin embargo, se anunció que a partir del primero de noviembre, la empresa cesaría por completo cualquier tipo de recaudación de esta tasa. Esta situación ha sido notificada a la Autoridad de Electricidad para evitar incurrir en infracciones, como el cobro sin un convenio formalizado, una situación que ya se presentó en 2023.

La Autoridad de Electricidad ha identificado un cobro irregular por un monto de 2.2 millones de bolivianos, correspondiente a un incremento no autorizado en la tasa de recojo de basura. Este monto, según explicó la gerencia de Setar, debe ser reembolsado a los usuarios al no estar respaldado por la normativa. EMAT había aumentado la tasa de aseo sin previo aviso a Setar. Aunque EMAT ha justificado más del 50% de los 2.2 millones, Setar impidió que continuaran modificando su sistema de facturación.

La sentencia judicial de Sucre establece claramente que, si la municipalidad no cuenta con una tasa debidamente autorizada, no puede continuar realizando el cobro a través de Setar, debiendo gestionarlo por sus propios medios o mediante un tercero. La normativa también subraya que Setar podrá cobrar, pero no está obligada a hacerlo, siendo su función primordial la distribución de energía eléctrica. Si bien la municipalidad ha definido nuevas tasas, las cuales fueron aprobadas por el Concejo Municipal, aún resta su reglamentación.

Las nuevas tarifas de aseo, al ser considerablemente más elevadas, están generando dificultades en su recaudación y numerosas quejas por parte de los usuarios. Actualmente, un 6% de los clientes de Setar abonan más por el servicio de recojo de basura que por el consumo de electricidad. Se anticipa que estas elevadas tarifas podrían incrementar significativamente la morosidad.

Por su parte, la dirección de EMAT, a través de Carlos Castillo, afirmó que la nueva ley de tasas municipales fue presentada y aprobada por los concejales en agosto. Previamente, Setar fue informada de que el estudio de tasas contaba con la aprobación del Ministerio de Economía. Castillo detalló que, tras presentar una comunicación a la gerencia de Setar para reanudar las negociaciones, fueron excluidos del sistema de facturación el mismo día. Para EMAT, la resolución de este conflicto reside en la voluntad de la gerencia de Setar y del gobernador. A pesar de los esfuerzos de EMAT por lograr la Ley de Tasas y evitar obstáculos, la respuesta de Setar fue condicionar cualquier convenio a la liquidación de deudas pendientes