Con la segunda vuelta electoral presidencial de Bolivia a la vista en menos de dos semanas, el panorama político se vio recientemente sacudido por un intento legislativo que generó una contundente respuesta de las principales instituciones del Estado y organismos de observación internacional, quienes reafirmaron su compromiso con la integridad democrática del país. Este movimiento, impulsado por una facción del Movimiento Al Socialismo (MAS), buscaba la remoción de los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la extensión del mandato del actual presidente, cuyo periodo constitucional concluye el 8 de noviembre. El propio mandatario ha reiterado su compromiso de cumplir con los plazos establecidos por la ley.
La propuesta legislativa, presentada por un senador, fue incorporada de manera inesperada en la agenda del Senado, logrando su consideración expedita con el respaldo de algunos legisladores del MAS y un segmento minoritario de Comunidad Ciudadana. Sin embargo, la iniciativa enfrentó una ola de críticas provenientes de diversos sectores institucionales y políticos, lo que precipitó su retiro antes de que pudiera ser sometida a debate en el pleno.
Este episodio se enmarca en las tensiones internas que atraviesa el MAS, dividido en distintas corrientes. El senador promotor de la ley, identificado con una de estas facciones, había reintroducido una propuesta similar que ya había sido retirada semanas antes, lo que añadió confusión al escenario político. El presidente de la Cámara Alta se desmarcó de la maniobra, calificándola como una acción individual de un legislador y no como una decisión colectiva o de la presidencia del Senado. La situación desencadenó un acalorado debate en el hemiciclo, donde varios senadores expresaron su rechazo a la propuesta. Finalmente, el senador proponente retiró la solicitud de tratamiento expedito y el proyecto fue remitido a la Comisión de Constitución para su análisis.
Paralelamente, el Órgano Judicial ha sido escenario de una inusual controversia en torno a la independencia y la validación del proceso electoral, que encamina al país hacia un nuevo ciclo político tras los resultados de la primera vuelta.
Ante la incertidumbre generada, un vocal del Tribunal Supremo Electoral enfatizó que cualquier intento de suspender el balotaje constituiría una afrenta directa a la voluntad popular expresada el 17 de agosto. En aquella fecha, la mayoría de los votantes optó por una segunda vuelta entre los candidatos Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz. El Órgano Electoral ha manifestado su firme compromiso de garantizar que el 19 de octubre más de 7.5 millones de ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto para elegir a sus futuras autoridades.
Otro vocal del TSE destacó la decisión del Ministerio Público de desestimar dos denuncias por presunto fraude electoral, las cuales no encontraron indicios de irregularidades. Se subrayó la transparencia del trabajo del TSE, confirmando que los resultados de la primera vuelta fueron consistentes con los sistemas de transmisión de datos, el cómputo oficial y las encuestas a boca de urna, sin que se registraran observaciones por parte de misiones nacionales o internacionales. Se reafirmó que la segunda vuelta se desarrollará bajo principios de apertura, transparencia y con una rigurosa fiscalización por parte de los delegados políticos en las más de 34.000 mesas de votación, asegurando que los comicios del 19 de octubre se llevarán a cabo con el pleno respaldo ciudadano e institucional.
Tras la crisis legislativa, diversas figuras políticas de distintas corrientes se unieron para respaldar el proceso electoral y rechazar cualquier posibilidad de prórroga de mandatos. El presidente Luis Arce, por ejemplo, denunció públicamente el plan de suspensión, alertando sobre una conspiración en el seno de la Asamblea Legislativa. El mandatario aseguró su inquebrantable determinación de transferir el gobierno el 8 de noviembre a quien resulte ganador de las elecciones.
Un expresidente de la nación calificó el intento como un golpe a la democracia y exhortó a los senadores de una importante fuerza política a defender la institucionalidad y evitar un posible caos nacional. El candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga advirtió sobre una descomposición del gobierno y acusó a ciertas facciones del MAS de buscar perpetuarse en el poder, mientras que el postulante del PDC, Rodrigo Paz, enfatizó la imperiosa necesidad de respetar la institucionalidad y abordar una reforma judicial estructural desde el ámbito legislativo.
En respuesta al revuelo, el ministro de Gobierno sostuvo una reunión de emergencia con la Sala Plena del TSE, donde transmitió el apoyo institucional del Ejecutivo y señaló que detrás de la propuesta legislativa se esconden movimientos oscuros con el fin de alterar el orden democrático
