Este viernes en Sucre se dará inicio al Primer Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial, un evento que representa un nuevo intento de transformar el sistema judicial en Bolivia, en el contexto del reciente cambio político tras el fin de casi dos décadas de predominio del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Organizado por el Órgano Judicial, este encuentro reunirá a los principales representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial, así como a universidades, colegios profesionales, organizaciones civiles y el cuerpo diplomático acreditado en el país. La participación confirmada del presidente Rodrigo Paz Pereira refleja un respaldo político significativo para impulsar una reforma que históricamente ha enfrentado obstáculos como la falta de recursos, la interferencia política y la resistencia interna en el ámbito judicial.
La cita se llevará a cabo en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura de Sucre, con una asistencia estimada de alrededor de 500 personas. Durante el evento, se abordarán aspectos fundamentales como la normativa judicial, el presupuesto asignado, la carrera judicial y la incorporación de tecnologías para modernizar el sistema.
A diferencia de procesos anteriores impulsados desde el Ejecutivo, esta iniciativa surge directamente desde el Órgano Judicial, lo que marca un cambio en el enfoque. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, destacó la disposición de las autoridades actuales para coordinar esfuerzos entre los distintos órganos del Estado, calificando este diálogo como el punto de partida necesario para una reforma judicial efectiva.
Una decisión relevante en la convocatoria fue la exclusión explícita de los cinco magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quienes mantienen funciones desde 2017. Solo fueron invitados los magistrados electos en diciembre de 2024, y se advirtió que los magistrados no convocados serán invitados a retirarse si asisten al encuentro. En paralelo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, enfatizó la necesidad de que la Asamblea Legislativa convoque a elecciones judiciales complementarias para renovar estos cargos pendientes.
Entre los desafíos señalados por Saucedo figura la sobrecarga de trabajo que enfrentan los jueces, quienes en algunos casos deben atender hasta cinco materias diferentes simultáneamente, una situación que calificó como insostenible para el personal judicial. Asimismo, denunció la precariedad presupuestaria del Órgano Judicial, que cuenta con un financiamiento anual de 1.100 millones de bolivianos, equivalente a solo el 0,35% del Tesoro General de la Nación, muy por debajo del 5% que consideró necesario para dignificar el servicio. Destacó que gran parte del presupuesto, cerca del 70%, proviene de recursos propios generados por derechos reales y tasas administrativas, y subrayó la importancia de buscar apoyo internacional para fortalecer la reforma.
El contexto previo a este diálogo incluye informes críticos sobre el sistema judicial boliviano. En 2022, el relator de la ONU Diego García-Sayán advirtió sobre la desconexión de la justicia con la ciudadanía, señalando problemas como la impunidad en casos de feminicidio, corrupción y falta de independencia judicial, en un momento marcado por denuncias de jueces que liberaban a criminales a cambio de sobornos. En 2023, un grupo de juristas independientes impulsó un referéndum para la reforma judicial, que no alcanzó el mínimo requerido de firmas, pero evidenció la percepción generalizada sobre la subordinación del sistema judicial al poder político y la insuficiencia del presupuesto asignado.
Por último, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé atribuyó los fracasos anteriores a que las reformas se intentaron implementar desde el Ministerio de Justicia, en lugar de buscar un acuerdo plural, inclusivo y con visión de largo plazo, un aspecto que este nuevo diálogo busca superar para avanzar hacia una justicia más eficiente y autónoma
