Pedro Natalio Ortega Ulloa, exsargento del Ejército chileno y presunto líder de una red narco-militar que operaba en la frontera entre Chile y Bolivia, fue detenido luego de permanecer prófugo durante cinco meses en Santa Cruz de la Sierra. Ortega, de 53 años, se entregó voluntariamente a las autoridades chilenas en las instalaciones del OS7 de Carabineros en Colchane, localidad fronteriza con Pisiga, Bolivia.
La Fiscalía de Tarapacá confirmó que Ortega, conocido también como “El Jefe” o “Pepe”, coordinaba una organización que logró ingresar a Chile más de 3.000 millones de pesos chilenos en cocaína y pasta base, utilizando pasos no autorizados cerca de Colchane. La investigación, dirigida por la fiscal regional Trinidad Steinert, reveló que la red operó entre marzo de 2024 y mayo de 2025, con la participación de al menos siete militares en servicio activo y una civil, todos actualmente en prisión preventiva.
El caso salió a la luz el 21 de junio cuando Carabineros interceptó una entrega vigilada en la Ruta 5, incautando 192 kilos de cocaína y 29 kilos de pasta base ocultos en dobles fondos de vehículos equipados con sistemas de geolocalización. La banda utilizaba camionetas cargadas con droga que eran almacenadas temporalmente en asentamientos de Alto Hospicio antes de ser trasladadas a Santiago de Chile. Para evitar levantar sospechas, los traslados se realizaban en días libres por sargentos y cabos de la 2.ª Brigada Acorazada “Cazadores” de Pozo Almonte.
Entre los detenidos se encuentran Cristian Alejandro D. S., identificado como jefe operativo, junto a otros seis uniformados y Carolina G. G., esposa de un militar, quien falsificaba documentos aduaneros y gestionaba parte de los recursos ilícitos. Ortega dirigía la operación desde su residencia en Vicuña, utilizando tecnología de geolocalización para supervisar los movimientos de los vehículos y financiaba la compra de la droga a proveedores bolivianos, coordinando envíos que oscilaban entre 100 y 200 kilos por viaje.
Tras la desarticulación de la red, Ortega huyó a Bolivia por temor a represalias de narcotraficantes afectados por la incautación. Su regreso a Chile fue inesperado y se presentó ante las autoridades vestido con polerón negro, jeans y una barba prominente. Con su captura, la Fiscalía busca profundizar en las conexiones con proveedores bolivianos y determinar si hubo apoyo logístico desde territorio chileno.
El Ministerio de Defensa de Chile, que ya ha implementado reformas tras el escándalo, manifestó su compromiso de colaborar con la investigación para restaurar la confianza institucional afectada por esta red criminal

