Los seis vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), designados por la Asamblea Legislativa y posesionados en diciembre de 2020, culminan su gestión tras seis años al frente de la organización y supervisión de los procesos electorales en Bolivia. Durante este periodo, estuvieron a cargo de cuatro elecciones nacionales, incluyendo generales, subnacionales y judiciales, además de dos elecciones regionales y varios referéndums departamentales.

Estos comicios se desarrollaron en un contexto de fuertes desafíos, especialmente en las elecciones judiciales y las últimas generales, donde los vocales enfrentaron múltiples amenazas jurídicas. Se presentaron numerosos amparos constitucionales que intentaron invalidar candidaturas y partidos habilitados, buscando paralizar los procesos electorales, a pesar de la existencia del principio de preclusión establecido en la Ley 026 de Régimen Electoral.

Uno de los vocales del TSE, Francisco Vargas, destacó la complejidad de estos años y subrayó la importancia de generar espacios de diálogo plural con actores políticos y representantes estatales para fortalecer la democracia. Según Vargas, la injerencia de la justicia constitucional en las decisiones del Tribunal Supremo Electoral fue evidente, lo que llevó a la institución a asumir un rol activo en la promoción del diálogo interinstitucional previo a las elecciones generales recientes.

Durante su administración, la Sala Plena organizó las elecciones generales de octubre de 2020, las subnacionales de marzo de 2021, las elecciones judiciales parciales de diciembre de 2024 y las generales de agosto y octubre del último año, correspondientes a la primera y segunda vuelta respectivamente.

El proceso subnacional fue particularmente significativo, ya que evidenció un cambio en el panorama político con la aparición de nuevos liderazgos regionales, como el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; la alcaldesa de El Alto, Eva Copa; y el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, entre otros.

Además de estos comicios nacionales, el TSE también gestionó elecciones extraordinarias para la sustitución de alcaldes en municipios afectados por el fallecimiento de autoridades electas, así como referéndums departamentales y municipales, incluyendo el primer referéndum de límites en el departamento de La Paz y consultas sobre cartas orgánicas en San Ignacio de Velasco y La Guardia.

En cuanto a los retos que enfrentan los nuevos vocales del TSE, Vargas señaló la complejidad de las próximas elecciones subnacionales previstas para marzo de 2026. En estos comicios se elegirán alrededor de cinco mil autoridades, entre gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales, lo que implica la impresión de aproximadamente 500 tipos distintos de boletas electorales. Cumplir con el calendario electoral es fundamental para evitar la posibilidad de prórrogas en los mandatos actuales.

Asimismo, los nuevos miembros del TSE deberán garantizar la independencia y la imparcialidad del organismo electoral, asegurando que el Tribunal tenga una voz propia y coherente, sin que terceros hablen en su nombre.

Otro desafío importante será la elaboración de un nuevo Padrón Electoral en un plazo de dos años, conforme a lo establecido en la Ley 1701. Para ello, será necesario alcanzar un consenso nacional que asegure los recursos necesarios y planificar adecuadamente el proceso para cumplir con los tiempos estipulados.

Con miras a las elecciones subnacionales de 2026, el TSE y los tribunales electorales departamentales han registrado un total de 171 organizaciones políticas. Este conjunto incluye 14 partidos nacionales, 105 agrupaciones ciudadanas regionales, 14 pueblos indígenas que solicitaron su inscripción para participar y 38 solicitudes de alianzas políticas, de las cuales 29 fueron registradas en el TSE y 8 en tribunales departamentales.

Las solicitudes de alianzas y los registros presentados por pueblos indígenas serán sometidos a un análisis riguroso para determinar su aprobación o rechazo, en función del cumplimiento de los requisitos legales. Una vez autorizadas, estas organizaciones podrán proceder a la inscripción formal de sus candidatos para los distintos cargos, conforme al calendario electoral que estará bajo la responsabilidad de los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral