La Sala Penal Tercera ha admitido la apelación presentada por tres entidades estatales en relación con el proceso judicial del caso Senkata, que se tramita en la ciudad de El Alto. No obstante, los dos vocales que conforman dicha instancia judicial determinaron, de manera unánime, ratificar la resolución que establece que el caso debe ser remitido a un juicio de responsabilidades.
Durante la audiencia virtual, el vocal Isaías Vargas Chambi procedió a la lectura de la determinación, la cual declara la improcedencia de las cuestiones planteadas por los recurrentes y, en consecuencia, confirma la resolución emitida el 25 de agosto de 2025 por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de El Alto. Las partes presentes en la sesión fueron debidamente notificadas.
El 25 de agosto, el Tribunal Cuarto de Sentencia, bajo la dirección del juez David Kasa, había emitido una resolución que anulaba la totalidad de la investigación llevada a cabo en el caso Senkata. Dicha instancia judicial remitió los dos folios restantes a la Fiscalía General, instruyendo a esta última a concluir la investigación y, posteriormente, elevar el expediente a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El objetivo de este procedimiento es obtener la autorización para iniciar un juicio de responsabilidades contra la exmandataria Jeanine Áñez.
La Fiscalía, el Ministerio de Gobierno y el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi) fueron las instancias que interpusieron la apelación contra la decisión del Tribunal de El Alto. Su intención era evitar que el caso se encauzara hacia un juicio de responsabilidades, buscando mantenerlo bajo la jurisdicción de un juicio ordinario. Sin embargo, la ratificación de la decisión judicial implica que el proceso avanzará, indefectiblemente, hacia un juicio de privilegio.
Tras la emisión de la decisión judicial inicial por parte del tribunal alteño, los miembros de las fuerzas armadas implicados en el caso, que se encontraban bajo detención preventiva, comenzaron a ser liberados de sus centros de reclusión. Para aquellos que ya gozaban de detención domiciliaria, se iniciaron los trámites correspondientes para obtener la libertad irrestricta, a la espera de la resolución definitiva de la Asamblea Legislativa.
Conforme a lo establecido por la Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades de Estado, la Fiscalía General tiene la obligación de presentar la acusación formal ante la Asamblea Legislativa. Posteriormente, en una sesión plenaria, la Asamblea debe autorizar el juicio de responsabilidades contra los exmandatarios, para lo cual se requiere el voto favorable de dos tercios de sus miembros presentes. No obstante, actualmente existe una considerable cantidad de aproximadamente veinte juicios de responsabilidades pendientes de tramitación en el órgano legislativo, lo que sugiere que el caso Senkata deberá aguardar su turno para ser considerado
