La situación legal de Ruth Nina, una figura cuya trayectoria política experimentó un giro notable en apenas seis años, se encuentra ahora en un punto crítico tras su reciente detención. Quien en su momento criticó vehementemente a Evo Morales, tildándolo de vendepatria, se declaró posteriormente como una soldado más al servicio del exmandatario.
Su aprehensión se originó a raíz de una declaración controvertida pronunciada el 17 de agosto, en la que afirmó que en vez de contar votos, van a contar muertos. Esta frase fue interpretada como una alusión a la posible violencia que podría desatarse si Morales fuera inhabilitado de participar en las urnas.
Este jueves, la expresidenta de Pan-Bol rindió declaraciones durante más de cuatro horas ininterrumpidas en la ciudad de Cochabamba. Al concluir, la Fiscalía Departamental ordenó su detención, considerando que Nina habría incurrido en tres presuntos delitos: instigación pública a delinquir, amenazas y delitos electorales. Actualmente, se encuentra recluida en una celda de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Se prevé la pronta instalación de su audiencia de medidas cautelares, en la cual se espera que la dirigente afín al evismo sea formalmente imputada.
Antes de comparecer, Nina mostró una actitud desafiante y anticipó su inminente arresto. Se presentó llevando una mochila con efectos personales y una frazada, como si se preparara para pasar varias noches bajo encierro. Afirmó no haber cometido delito alguno, desmintiendo las acusaciones de estar escondida o prófuga. Declaró que su presencia era para responder a lo que consideraba atropellos y denuncias infundadas, y manifestó su desconfianza en la justicia, anticipando la posibilidad de su aprehensión.
Además, calificó el día como potencialmente histórico, sugiriendo que, si su encarcelamiento se debía al ejercicio de la libertad de expresión, opinión y pensamiento que asiste a todo boliviano, sería un hecho trascendental la detención de una mujer que es dirigente sindical y de comunidades indígenas. Reiteró también sentirse amenazada de muerte y haber solicitado resguardo policial, expresando temor por su vida y señalando que se le exigía entregarse como si fuera una asesina en serie, violadora o terrorista. Atribuyó las supuestas amenazas y la vulneración de sus derechos a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y al Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).
Su postura no varió tras ser aprehendida y conducida a la FELCC. Poco antes de su reclusión, la dirigente sindical manifestó sentirse honrada por sacrificar su libertad, considerándolo un honor entregar la vida y la libertad por los pueblos y la patria.
Manuel Mariscal, abogado de Nina, intentó minimizar la gravedad de las afirmaciones de su defendida, calificándolas como simples declaraciones polémicas que, bajo ninguna circunstancia, deberían constituir un delito. En este sentido, responsabilizó a las redes sociales y a los actores políticos por propagar una situación de amenaza y generar zozobra en la población, argumentando que fueron ellos quienes utilizaron la frase para infundir temor, y no su cliente. El letrado adelantó que buscará que la dirigente se defienda en libertad durante el proceso.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que en las expresiones de la señalada existen indicios de delitos, los cuales fueron denunciados por diversas personas y facciones políticas.
Desde el sector evista, se interpreta que Nina es víctima de acoso y violencia política. David Veizaga, dirigente de esta corriente, destacó que el partido Pan-Bol ofreció su estructura para que, a través de su candidato (Evo), retornara a dirigir y salvar Bolivia por segunda vez. Frente a lo que describió como una crisis democrática y política en el país, hizo un llamado a todos los movimientos sociales a defender los derechos políticos y las conquistas sociales, así como las leyes que protegen a las mujeres de todo acoso y violencia política
