El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, ha solicitado la colaboración de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en materia penitenciaria, una petición realizada durante una reciente conversación telefónica en la que Bukele felicitó a Paz por su victoria en la segunda vuelta presidencial. Paz Pereira expresó la necesidad de apoyo en la gestión de infraestructuras carcelarias en su país.

Se anticipa que el mandatario salvadoreño asistirá a la ceremonia de investidura de Paz, programada para el 8 de noviembre. El presidente electo boliviano describió a Bukele como una figura muy simpática, muy franca y muy directa, y espera una destacada representación de El Salvador en el evento.

En un giro significativo de la política exterior boliviana, tras casi dos décadas bajo administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS), Paz Pereira anunció su intención de establecer relaciones bilaterales con todas las naciones democráticas para beneficio del país andino en diversas áreas. En este contexto, ha confirmado que los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua no serán invitados a su toma de posesión. Esta postura ha provocado la suspensión del gobierno entrante por parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que calificó la conducta como proimperialista y colonialista, a lo que Paz ha manifestado indiferencia.

Adicionalmente, el presidente electo tiene previsto viajar a Estados Unidos para sostener encuentros con organismos internacionales. El objetivo de estas reuniones es asegurar respaldo para el reabastecimiento de combustible y la recuperación de reservas de dólares, aspectos cruciales para mitigar la actual crisis económica que atraviesa Bolivia.

Rodrigo Paz Pereira obtuvo la presidencia en la segunda vuelta electoral del pasado 19 de octubre, imponiéndose con un 54,96% de los votos frente al 45,04% de su contendiente, el expresidente Jorge Tuto Quiroga.

La solicitud de asistencia en materia penitenciaria se enmarca en el contexto de la estrategia de seguridad implementada por el presidente Bukele en El Salvador. Desde marzo de 2022, su administración ha aplicado un régimen de excepción para combatir a las pandillas, una medida que implica la suspensión de ciertas garantías constitucionales, como el derecho a la defensa. Según el gobierno salvadoreño, esta política ha sido fundamental para desarticular bandas criminales, liberar territorios controlados por estas organizaciones y lograr una notable reducción de los índices de homicidios en un país que históricamente ha figurado entre los más violentos del mundo. Sin embargo, esta estrategia ha generado preocupación entre organismos internacionales de derechos humanos, que han señalado una regresión en esta materia en El Salvador, citando miles de detenciones consideradas arbitrarias y denuncias de tortura